INICIATIVA POR LA FAMILIA

MATRIMONIOS HOMOSEXUALES Y FRAUDE A LA LEY

2010-08-31T12:43:00.000-07:00

“Los hombres, ¿puede hacer bueno lo que es malo, y malo lo que es bueno?” Cicerón

Jorge Carlos ESTRADA AVILÉS

Las discusiones suscitadas entre los 11 ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República en contra de la reforma al Código Civil para el Distrito Federal que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, motiva realizar un análisis breve sobre la trascendencia de la decisión que al respecto se tome, partiendo de uno de sus aspectos, como lo es el reconocimiento de dichos matrimonios homosexuales en otras entidades federativas cuya legislación civil no contempla una figura similar.

La decisión de los ministros de la SCJN de reconocer la validez de los matrimonios homosexuales celebrados en el Distrito Federal en toda la República, dice ampararse en el texto constitucional que establece que: “Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros” (Artículo 121 fracción IV de la Constitución Federal). No obstante, este criterio interpretativo de los máximos jueces nacionales puede ser considerado, por la trascendencia y gravedad del mismo, como una interpretación facciosa de la ley, partiendo del concepto de faccioso como “perturbador de la quietud pública” (Diccionario de la Lengua Española. 22ª Edición Pág. 1030).

En efecto no puede ser menos que perturbador de la quietud y paz pública que los señores ministros estimen que se deba reconocer la aplicación de los efectos y consecuencias de una ley, en este caso el Código Civil para el Distrito Federal, en todo el país cuando en las demás entidades federativas no existan normas que contemplen este tipo de matrimonios homosexuales o peor aún, cuando como en el caso de Yucatán, la norma suprema estatal, esto es la Constitución Política del Estado en su artículo 94 define: “El matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada”.

Con la decision de los Ministros de la SCJN se está gestando un grave rompimiento con el principio de legalidad, con el sistema federal y con el mismo equilibrio que debe existir en nuestro orden jurídico. En el caso de Yucatán, las autoridades estatales, empezando con el Registro Civil y los jueces del ramo familiar deben negar categóricamente el reconocimiento de este tipo de uniones al amparo de lo dispuesto por nuestra Carta Magna.

Además la decisión de los Ministros de la SCJN propiciaría la comisión de conductas constitutivas de lo que en Derecho se conoce como el “fraude a la ley”, que es un tipo de proceder que se presenta cuando un individuo lo que busca es sustraerse, mediante hábiles manejos, a la acción de una ley que le es contraria o prohibitiva y para burlarla o no respetarla, se somete al imperio de una ley distinta que es más tolerante o permisiva de la conducta que pretende realizar. En este caso el fraude a la ley se cometería por la personas del mismo sexo que pretendan contraer matrimonio, pero ante la imposibilidad de celebrarlo en su entidad de origen por no estar permitido en su legislación estatal, se trasladarían al Distrito Federal para celebrar éste, simulando ser residentes de la ciudad capital del país y con ello estar en aptitud de formalizar dicho acto, hecho lo cual regresarían a su verdadero lugar de origen y pedirían el reconocimiento de ese estado matrimonial, lo que ya incluso está ocurriendo y que se fortalecería a la luz de la interpretación de los más altos jueces de la nación.

Así las cosas, la interpretación de los señores Ministros de la SCJN se traduce en una jurisprudencia que va a generar un sinnúmero de controversias al interior de cada entidad federativa, ya que trastoca el orden jurídico nacional y permite el fraude descarado y abierto a la ley, conducta que no puede ser más perturbadora de la paz social y por ende permite calificar dicha jurisprudencia de facciosa.

Es responsabilidad de los legisladores federales avocarse a la creación de una ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 121 de la Constitución Federal, que evite que estas situaciones se presenten, determinando los casos y condiciones en que los actos del estado civil de una entidad federativa deben ser reconocidos en las demás entidades, para con ello frenar y acabar con las consecuencias de la funesta jurisprudencia emitida.

Ante malos jueces, buenas leyes que impidan o limiten su indebido proceder.

Agosto 2010 J.C.E.A. jcea58@yahoo.com.mx

LO LEGAL ¿ES MORAL?

2010-08-31T12:41:00.000-07:00

Por: Ivette Laviada

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado ya sobre el tema de la Constitucionalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo para el caso del Distrito Federal, concluyendo que la reforma no va en contra de la Constitución y dejando pendiente el tema de la adopción y su implicación para el resto de los Estados de la República.

Nos preocupa la postura de los ministros de la Corte, ya que al parecer se siguen yendo por la tangente en lugar de tomar al “toro por los cuernos”.

Su resolución solamente responde a que cada Estado es libre de legislar sus propias leyes, con lo cual si el D.F. decidió cambiar su definición de matrimonio en el Código Civil ahora es válido que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio, válido si, legal ahora si, pero ¿moral?.

Se vislumbran algunos problemas, el principal ha sido derivado de que la Constitución Política de nuestro país no define ex profeso el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, el artículo 4º habla de que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia, con lo cual lo da por hecho, ahora vemos que en materia de Derecho no se deben dejar cabos sueltos ya que pueden ser usados en su contra.

Es increíble cómo se construye nuestra jurisprudencia, al parecer sus pilares son falacias ya que se apoyan de evidencias muy lejos de la verdad.

La resolución de la Suprema Corte nos recuerda el ejemplo que diera el Lic. Felipe Ibáñez, miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados cuando en una entrevista comentó que la resolución de los ministros es similar a tomar en cuenta a una minoría de ingenieros pronunciándose a favor de que se retiren de todos los edificios la elaboración de los cimientos, debido a que había quedado comprobado que cuando sobrevino la tragedia del sismo algunos edificios con magníficos cimientos se vinieron abajo y otros con cimientos de mala calidad siguieron en pie, por lo que la conclusión de estos expertos sería que los cimientos no sirven para nada según estas evidencias… ¡que absurdo!

Los ministros están pasando por alto que existe toda una legislación superior en materia de matrimonio, ya que diversos Tratados Internacionales protegen el matrimonio entre un hombre y una mujer, como la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 17); la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 16); el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer que gozan de rango constitucional en México señalando que el matrimonio es la unión voluntaria y legal entre un hombre y una mujer.

¿Cómo es posible que los ministros de la Corte utilicen una misma figura para atender realidades distintas? Las reformas al Código Civil del DF carecen de sentido y fundamentación porque se contraponen a la noción de matrimonio y porque atenta contra la esencia de dicha institución, que es tutelar el sentido fecundo de la misma.

Otro problema que se derivará de esta resolución es qué va a pasar con la adopción, ya que ésta es un derecho del niño y no de los adultos que desean ser padres, en estricto orden se debe privilegiar el interés superior del niño y este último debe tener un padre y una madre y no dos de lo mismo.

Por otro lado habrá tremendo conflicto jurídico al menos en dos estados de la República, -Yucatán y Morelos- por ser los que de manera explícita ya definen el matrimonio entre un hombre y una mujer en sus constituciones locales y el artículo 121 de la Carta Magna establece en su fracción primera que las leyes de un estado sólo tendrán efecto en su propio territorio y no podrán ser obligatorias fuera de él, pero entra en conflicto al afirmar en la fracción IV, que los actos del estado civil ajustados a las leyes de un estado tendrán validez en los otros.

No debemos confundir la gimnasia con la magnesia, las parejas heterosexuales no son iguales a las homosexuales, aquí no aplica el principio de igualdad ya que no es lo mismo, cambiar conceptos por capricho no se justifica, que pena que nuestro Derecho se esté corrompiendo, ya que hoy día no todo lo que es legal es moralmente aceptable.

EXPERIMENTO ANTROPOLÓGICO

2010-08-31T12:40:00.000-07:00

Por: Ivette Laviada

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado su veredicto por fin, los ministros resolvieron (9 votos de 11) que para el caso del Distrito Federal es válido que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y por ende se les concede la adopción que es un derecho natural del matrimonio.

No es objeto de este artículo abundar sobre la unión entre personas del mismo sexo, porque aún cuando el Distrito Federal ha decidido validarlo, existen 22 estados cuyos códigos civiles establecen que el matrimonio sólo se da entre un hombre y una mujer y 3 estados de la república, entre éstos Yucatán que han elevado a rango constitucional la protección del mismo por armonizar con la Constitución Federal que el matrimonio es una Institución de orden público e interés general.

Más bien quisiéramos abundar en el tema de las adopciones ya que en este caso es el interés superior del menor el que debe regir en todo momento para dotarles de la familia que han perdido.

El doctor Guillermo van Wielink, director de la Clínica del Cerebro, sostiene que la realidad científica es definitiva en el sentido de que los hijos expuestos a la vida entre parejas del mismo sexo tienen incremento claro de daño emocional, mental y físico.

Por el contrario, los niños que son criados por sus dos padres biológicos en un hogar estable tienen una mejor identidad sexual, menos desordenes emocionales, mejor desempeño académico y son adultos mejor adaptados y exitosos cuando son criados en su familia natural.

De esto se puede seguir que la naturaleza no se equivoca, un hijo sólo puede ser traído al mundo en comunión de dos gametos, el femenino y el masculino, de tal modo que todo ser humano tiene un padre y una madre, por lo que si de verdad atendemos a lo que el niño necesita el juez que otorga la adopción debería buscar para ese niño lo que necesita: un padre y una madre.

Hombre y mujer son distintos y a la vez complementarios, la anatomía del hombre y la mujer son diferentes pero también lo son la psique, las hormonas, el funcionamiento cerebral en los aspectos sutiles y generales por mencionar algunos aspectos, con lo cual ha sido ampliamente demostrado científicamente que la contribución de ambos al desarrollo de los hijos repercute en su disciplina, aprendizaje, socialización y modificación de la conducta.

En contraposición, ha quedado demostrado que hijos criados en hogares homoparentales son más propensos a tener confusión en su orientación sexual.

El doctor Oscar Rivas del Instituto Mexicano de Orientación Sexual, en entrevista reciente, afirmó que los hijos de hogares monoparentales tienen tres veces más riesgo de sufrir abuso sexual criados en ambientes homosexuales, la incidencia de sufrir violencia también es tres veces mayor.

Si sabemos que un niño huérfano ha perdido un padre y una madre, sabemos también que con ello tiene un trauma, por lo que para reincorporarse a la sociedad necesita que el estado le busque el hogar ideal para su sano desarrollo.

El derecho a tener una familia le pertenece al niño huérfano y no a la pareja que quiere adoptar.

Si los estudios son contundentes, -porque estadísticamente se ha visto que en los países dónde se permite la adopción por parte de parejas del mismo sexo-, ¿por qué entonces nuestros ministros han avalado lo que se podría llamar experimento antropológico?.

Ciertamente en México no se cuentan todavía con estudios para demostrar las cifras que en otros países se han demostrado, esto nos llevaría a preguntarnos ¿de verdad queremos los mexicanos someter a estudio a unos pequeños que lo único que necesitan es tener una familia conforme a la naturaleza?

El Distrito Federal ya lo decidió, les queda a los demás estados manifestar su postura.

DOS PAPÁS O DOS MAMÁS

2010-08-31T12:37:00.000-07:00

Por: Ivette Laviada

Después de casi 3 años de contar con la aprobada Ley de Sociedad en Convivencia en el Distrito Federal, sólo se han unido bajo este régimen aproximadamente 800 parejas del mismo sexo, es decir sólo el .0001% de la población de ese estado, por lo que podemos preguntarnos ¿era necesario legalizar estas uniones? Todavía más extraño resulta si consideramos que ahora la Suprema Corte de Justicia ha decidido –corrección- sólo 9 de 11 ministros han decidido que no sólo se vale la sociedad en convivencia sino también el “matrimonio” entre personas del mismo sexo y como era de esperarse con la posibilidad de adopción.

¡Triquiñuelas legales! Estamos seguros de que esos 9 personajes, NO representan a la población mexicana, no nos oyen, sabemos que su trabajo consiste en revisar si las leyes no contravienen la Constitución, pero lo que está quedando muy claro es su muy poca determinación para ahondar en los temas que se discuten en su mesa, porque avalar leyes que son propuestas por minorías bajo supuestos poco fundamentados en realidad nos tiene muy decepcionados, y esa es nuestra ¡gran Suprema Corte de Justicia de la Nación!

Es claro que hay diferencia de opiniones, pero se gobierna, se legisla y se administra según la mayoría, y reconociendo que los homosexuales en nuestro país pueden vivir juntos, heredar bienes, trabajar, educarse y acudir a cualquier lugar público o privado, ¿cómo pueden decir que se les discrimina? Su elección es libre y por tanto deben asumir las consecuencias de sus actos, esa relación no es fecunda ¿por qué insistir en el matrimonio y la adopción?

Para empezar, los asambleístas del D.F. han cometido un grave error jurídico, que es el de querer equiparar con la Institución del matrimonio, una relación entre personas del mismo sexo, el primero es de interés público porque de allí se sigue la procreación, el segundo es un asunto entre particulares, de interés privado y estéril en cuanto a la procreación.

¿Por qué los Ministros han pasado por alto algo tan importante? Recordemos que son los adoptados y no los adoptantes quienes ostentan el derecho a la adopción.

En cualquier caso, según todas las interpretaciones tanto legales, éticas y científicas, se debe preservar el bien del menor.

Y es que a la fecha no existe ningún estudio científico serio que avale la adopción entre personas del mismo sexo. Sin embargo, varios estudios* sobre temas convexos mencionan algunas situaciones que son más frecuentes en los niños criados por parejas homosexuales que en el resto de la población. Estos son:

· Frecuencia de problemas psicológicos y en particular, autoestima baja, estrés, inseguridad respecto a su vida futura, trastorno de identidad sexual, rechazo al compañero(a) del progenitor homosexual como figura paterna o materna.

· Mayor presencia de trastornos de conducta, drogodependencia, disfunciones en la conducta alimentaria, fracaso escolar.

· Frecuencia de enfermedades traumáticas por la ruptura de la pareja (las parejas homosexuales presentan un mayor índice de ruptura que las heterosexuales, así como abusos sexuales paternos)

· La presencia de conductas o identidades homosexuales en estos niños es del orden de 8 veces más frecuentes que la media.

Se habla de un “derecho” de este tipo de parejas a adoptar, pero ¿Dónde queda el derecho de los niños a nacer y crecer en una familia según las leyes de la naturaleza? El niño es considerado como objeto, su libertad no se respeta cuando es expuesto involuntariamente a correr estos riesgos.

La unión de un hombre y una mujer es la única manera de procreación (aún cuando se hable de reproducción asistida, son necesarios tanto el gameto masculino como el femenino). Dicha facultad basta para determinar su carácter distintivo a cualquier otra forma de unión.

Otorgar a un pequeño dos papás o dos mamás es privarle de crecer y desarrollarse en núcleos adecuados a su condición de seres humanos con una naturaleza que precisa de un padre y una madre.

*(Informe sobre el desarrollo infantil en parejas del mismo sexo. Instituto de Política Familiar y Foro España de la Familia. “No es Igual” mayo 2005).

Consecuencias para niños que viven con parejas homosexuales

2010-02-04T09:20:00.000-08:00

Niño sufre discriminación por vivir con dos mamás

Mar, 02/02/2010 - 08:22 (*)

(*)Nota publicada en Milenio consultable en: http://www.milenio.com/node/372950

Adrián no es un niño común, tiene siete años y estuvo a punto de quitarse la vida por problemas de discriminación y de tipo social por vivir en un matrimonio conformado por dos mujeres.

Le quitó el cable a la plancha para colgarlo en la regadera del baño de su casa y ahorcarse. En la agonía fue salvado por una vecina. Logró ser trasladado a un hospital, donde tras restablecerse, tuvo que ser sometido a un tratamiento psicológico. Sufre depresión infantil.

Su psiquiatra, Leonel Gómez, terapeuta infantil en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, en Oaxaca, revela que fue una dura experiencia el caso del menor, quien terminó por deprimirse por no entender la familia a la que pertenecía.

Aunque presumía por contar con dos madres, sufría duras y constantes críticas en el colegio por no tener un padre.

“Estaba desconsolado, triste, nadie lo entendía y ese quizás fue uno de los factores que causaron su depresión”.

Gómez admite que en ocasiones depende del temperamento del menor para superar una situación, lamentablemente en este paciente no ocurrió así.

Agrega que se dialogó con la pareja de mujeres, lográndose un equilibrio en ambas. “Les pedimos coherencia, ya que una era más agresiva que la otra. Una lo dejaba jugar y la otra lo reprimía por hacerlo”.

En Oaxaca las autoridades locales están contra una reforma a la ley de convivencia, apuesta que da certeza jurídica a personas del mismo sexo que cohabitan.

La diputada perredista Guadalupe Rodríguez calificó a los oaxaqueños como mochos y reprueba que no haya condiciones para hablar de pluralidad en la integración de la familia y el respeto a la diversidad sexual.

Ante el caso del menor, el secretario de Salud federal, José Ángel Córdova, minimizó lo ocurrido, y calificó el incidente de circunstancial.

Argumentó que no hay elementos ni pruebas científicas para comprobar que la actitud del menor fue consecuencia de un matrimonio entre homosexuales.

Dijo que hay preocupación de la Federación por el aumento de las enfermedades mentales, mismas que se están trabajando, pero no confirmó que haya estadísticas del tema.

Pese a que en México y en Oaxaca no existen estadísticas sobre los índices de depresión infantil, estudios de especialistas detallan que en los últimos diez años se ha incrementado severamente entre los niños de seis a 10 o 12 años.

La última fue en 2004 y la tendencia a elevarse era en 7 a 12 por ciento.

De las 150 personas que se encuentran internadas en el hospital psiquiátrico de Oaxaca, 50 por ciento ha padecido depresión infantil por cinco, ocho o hasta 15 años, y sus padres o ellos mismos nunca acudieron con especialistas para ser tratados.

Comienzan con cuadros depresivos leves y después llegan hasta los severos, cuando padecen síntomas psicóticos que los arrojan a delirios.

Datos de la Secretaría de Salud demuestran que la mayor parte de las personas que llegan al psiquiátrico sufren trastornos psicológicos que provocan inconformidad a las personas que se encuentran alrededor del paciente afectado.

En los últimos tres años, Salud ha trasladado a cinco niños de entre cinco y ocho años al hospital psiquiátrico infantil Doctor Juan N.

Navarro de la Ciudad de México; oriundos de todas las regiones de la entidad, principalmente de valles centrales, los cuales comienzan con cuadros de depresión a causa de su entorno social y violencia intrafamiliar.

Los pacientes son trasladados a este único hospital en todo el país, porque Oaxaca no cuenta con servicios especializados para psiquiatría infantil, ya que un niño no debe de ser tratado igual que un adulto.

Algunos de los infantes que fueron trasladados a la clínica en México, trataron de suicidarse ya que el concepto de la “muerte”, sobre todo para los infantes, puede ser un juego y para otros un escape para desconectarse de los problemas que rodean a los demás.

Otra de las causas es la “fantasía”, los niños de tres a diez años de edad ven las caricaturas y se refugian en ellas.

Datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado revelan que en 2009 ocurrieron 78 suicidios, 15 en la región de la costa, 16 en el Istmo, siete en la Mixteca, cuatro en la sierra sur y el resto en valles centrales, de los cuales 95 por ciento fueron por asfixia y ahorcamiento. 89 por ciento son varones y el resto mujeres, pero la cifra que llama más la atención es que 19 por ciento son menores de edad y la causa principal del suicidio es por problemas familiares y depresión amorosa. Óscar Rodríguez/Oaxaca.

Relaciones homosexuales cortas y transitorias

2010-02-04T09:15:00.000-08:00

México, D.F. a 3 de febrero de 2010.

ESTUDIOS CIENTÍFICOS DEMUESTRAN QUE LAS RELACIONES HOMOSEXUALES

SON CORTAS Y TRANSITORIAS

* 35% más alta la probabilidad de divorcios entre parejas de hombres que entre heterosexuales

* Homosexuales tienen un promedio de ocho parejas al año

La mayoría de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo tienen un periodo de vida muy corto, de aproximadamente un año y medio, según revela un estudio en Holanda, país donde el movimiento gay es ampliamente aceptado.

En tanto, según el estudio sueco, “Divorcio-Patrones de Riesgo en “matrimonios” del mismo sexo en Noruega y Suecia” (Divorce-Risk Patterns in Same Sex “Marriages” in Norway an Sweden, Gunnar Andersson, Turid Noack, Ane Seierstad y Harald Weedon-Fekjaer), la probabilidad de divorcio en las parejas hombre-hombre es un 35 por ciento más alta que la de los matrimonios heterosexuales, en tanto que en las parejas entre mujer–mujer el índice es triple, cita el estudio

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Orientación Sexual RENACER, diversos estudios científicos avalados por agrupaciones y grupos académicos de alto nivel, entre ellos “La pareja masculina”; “La contribución de parejas estables y ocasionales en la incidencia del virus del VIH entre hombres homosexuales de Ámsterdam” y “Divorcio- Patrones de Riesgo en “matrimonios” del mismo sexo en Noruega y Suecia”, entre otros, señalan que existen marcadas diferencias en las relaciones entre personas del mismo sexo y las existentes entre personas del sexo opuesto.

Entre las diferencias se encuentra la duración, pues mientras un alto porcentaje de matrimonios heterosexuales dura más de 20 años, la gran mayoría de relaciones entre personas del mismo sexo tienen un periodo de vida muy corto y transitorio, “lo cual no tiene que ver con el factor de la presión social que hace la mayoría, sino la conducta propia de función de pareja”.

Por otra parte, el estudio holandés “La contribución de parejas estables y ocasionales en la incidencia del virus del VIH entre hombres homosexuales de Ámsterdam” (“ The Contribution of Steady and Casual Parthership to the Incidence of HIV Infection among Homosexual Men in Amsterdam)”, indica que mientras tres cuartas partes de las parejas de sexo opuesto casadas permanecen fieles, las parejas entre personas del mismo sexo típicamente muestran un alto grado de promiscuidad y tienen un promedio de ocho parejas sexuales por año .

Asimismo, muestra que entre las parejas del mismo sexo se experimenta un mayor grado de violencia comparado con parejas heterosexuales. Por ejemplo, entre mujeres hay un índice del 11.4 de violencia mayor.

En tanto, el estudio “La Pareja Masculina” (“The Male Couple”) que evaluó la calidad y estabilidad de las parejas homosexuales de larga duración y ubicó a 156 parejas de hombres cuyas relaciones habían durado de 1 a 37 años.

Sin embargo, sólo 7 parejas fueron capaces de mantener la fidelidad sexual, pero ninguna de ésta duró más de cinco años.

Los autores del estudio “The Male Couple”, Mc Whirter y Mattison admiten que la actividad sexual fuera de la relación homosexual con frecuencia produce la pérdida de la confianza, de la autoestima y de la dependencia, esenciales para una unión sana de pareja.

¿Criminalizar el aborto?

2009-12-02T12:09:00.000-08:00

¿EXISTE EN MÉXICO UNA CAMPAÑA PARA CRIMINALIZAR EL ABORTO?

-JORGE E. TRASLOSHEROS

En unos cuantos meses 17 Estados de la república mexicana han reformado sus constituciones con el fin de proteger la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, lo que ha puesto los pelos de punta a quienes promueven el aborto. En respuesta, lanzaron una poderosa campaña mediática y de cabildeo con cuatro mensajes: que defender la vida atenta contra los derechos de la mujer; que se ha lastimado el Estado laico; que todo es obra de la ultraderecha y que se está criminalizando el aborto. Por ahora nos ocuparemos del cuarto argumento.

Criminalizar significa calificar jurídicamente como crimen una conducta antes no considerada como tal. Nada parecido ha sucedido en México. El aborto es un crimen en México desde antes de estas reformas, empezando por el Distrito Federal donde también es considerado como tal desde el momento de la concepción, en caso de que se cometa contra la voluntad de la mujer. Lo que existe en la república son excepciones de responsabilidad penal cuando el aborto suceda en alguna de cuatro hipótesis: por peligro de muerte de la madre, por violación, por malformaciones del concebido incompatibles con la vida y por accidente. En el D.F., se agregó una quinta que es cuando se realiza durante las primeras doce semanas de gestación, es decir, en los primeros tres meses de embarazo; de suceder después, incluso con el consentimiento de la madre, será considerado un crimen. Esto es algo que ocultan quienes promueven el aborto mientras rasgan sus vestiduras.

Las reformas se han acompañado de un transitorio que deja intocadas las excepciones de responsabilidad previstas por la ley en cada Estado, e incluso se han modificado los códigos penales para evitar que las mujeres sean llevadas a la cárcel. En otras palabras, no se ha criminalizado el aborto más de lo que ya existía. Lo que estamos presenciando es una toma de conciencia de que la mujer es también víctima directa de esta práctica, de que el aborto provoca la muerte de un ser humano en su primera etapa de desarrollo y una herida profunda en la mujer. Argumentar que existe una campaña de criminalización en México es una falacia que ha sorprendido a personas de buena fe quienes, al igual que todos los ciudadanos, merecen la verdad.

Tengo la impresión de que los promotores del aborto están espantados por una razón que tiene que ver con la reforma al código penal de Veracruz en su artículo 150 donde dice que, a quien provoque el aborto a una mujer con su consentimiento se le impondrán de cuatro a siete años de prisión, sin que la mujer conozca la cárcel. Una reforma que, es de esperarse, será emulada en otros Estados. A quienes han hecho del aborto un negocio, por los fondos que reciben para promoverlo o por las clínicas que instalan, esta reforma sí que los debe poner muy nerviosos lo que, viéndolo bien, resulta lógico y explica su reacción tan poco apegada a los hechos.

15 Argumentos a favor de la vida

2009-11-25T07:10:00.000-08:00

1.- LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN LOS ESTADOS TIENEN COMO PROPÓSITO FUNDAMENTAL ESTABLECER DE MANERA EXPRESA LA DEFENSA, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA VIDA, EL PRINCIPAL Y EL MÁS IMPORTANTE DE LOS DERECHOS DE TODO SER HUMANO.

2.- LAS REFORMAS CONSTITUCIONES A FAVOR DE LA VIDA EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA ESTÁN ENCAMINADAS A PROTEGER A LA MUJER, DE TAL MANERA QUE NO SE VULNERAN SUS DERECNOS NI SE LES CRIMINALIZA.

3.- EL ABORTO NO ES UN DERECHO, POR EL CONTRARIO ES, HA SIDO Y SERÁ UN DELITO, NO SOLO EN EL DISTRITO FEDERAL, SINO EN TODO EL PAÍS.

4.- LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA NO DESPENALIZÓ LA PRÁCTICA DEL ABORTO A NIVEL NACIONAL; ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE AGREGÓ UNA CAUSAL MÁS A LAS EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD PENAL POR EL DELITO DE ABORTO EN EL DF.

5.- LA MUJER NO TIENE DERECHO DE ABORTAR, LA MUJER TIENE DERECHO (legalmente) DE QUE NO SE LE CASTIGUE PENALMENTE SI COMETE EL DELITO DE ABORTO BAJO LAS CONSIDERACIONES QUE MARCAN LAS EXCEPCIONES DE RESPONSABILIDAD PENAL, LAS CUALES PERMANECEN INTACTAS EN LOS CÓDIGOS PENALES ESTATALES Y DEL DF.

6.- EN LA MAYORÍA DE LOS ESTADOS LAS REFORMAS HAN MANTENIDO INTACTAS LAS EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL, LO QUE IMPLICA QUE NINGUNA MUJER QUE ABORTE IRÁ A LA CARCEL EN CASOS DE VIOLACIÓN, MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y POR RIESGO DE VIDA PARA LA MADRE, PRINCIPALMENTE.

7.- EL ABORTO ESTÁ TIPIFICADO DESDE HACE MUCHOS AÑOS EN EL CODIGO PENAL FEDERAL Y EN LOS CODIGOS PENALES ESTATALES, LAS PENAS NO FUERON CREADAS CON LAS REFORMAS RECIENTES.

8.- EN LA MAYOR PARTE DE LOS ESTADOS LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES HAN SIDO ACOMPAÑADAS POR REFORMAS SECUNDARIAS LO QUE HA HECHO POSIBLE SUSTITUIR LA PENA DE CARCEL POR UNA ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL O TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD.

9.- EL PROPÓSITO DE LAS REFORMAS AFAVOR DE LA VIDA HA SIDO APOYAR, ACOMPAÑAR A LAS MUJERES, NO ABANDONARLAS.

10.- LAS REFORMAS A FAVOR DE LA VIDA ESTÁN EN LINEA CON ACUERDOS, TRATADOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES SUSCRITOS Y RATIFICADOS POR EL ESTADO MEXICANO.

11.- LOS ACUERDOS, TRATADOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES ESTABLECEN QUE TODA PERSONA TIENE DERECHO A QUE SE LE RESPETE LA VIDA A PARTIR DEL MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN, SUBRAYAN QUE TODO INDIVIDUO TIENE DERECHO A LA VIDA, LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. SOBRE TODO HACEN ÉNFASIS EN QUE EL DERECHO A LA VIDA ES INHERENTE A LA PERSONA HUMANA Y QUE EL DERECHO A LA VIDA ESTÁ PROTEGIDO POR LA LEY Y NADIE PODRÁ SER PRIVADO DE LA VIDA ARBITRARIAMENTE, NI DE NINGUNA MANERA.

12.- LA SUPREMA CORTE NO PUEDE, NI NADIE, DESCONOCER EL CARÁCTER SOBERANO QUE ATAÑE A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA REFORMAR SUS CONSTITUCIONES LOCALES.

13.- JURÍDICAMENTE NO ES POSIBLE QUE LE RECRIMINEN A UNA ENTIDAD FEDERATIVA QUE EN EL USO DE SU SOBERANÍA, DE SU FACULTAD, DE SOBERANÍA, MODIFIQUE SU CONSTITUCIÓN, UNA ACCIÓN DE ESE TIPO NO INVADE NINGUNA ESFERA, NINGUNA COMPETENCIA, NI DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA NI DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

14.- GRUPOS DIVERSOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HAN IMPULSADO LAS REFORMAS EN LOS ESTADOS.

15.- DIPUTADOS DE LOS DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN CADA CONGRESO ESTATAL -PRI, PAN, PANAL, PVEM, CONVERGENCIA E INCLUSO DEL PRD- HAN RESPALDADO CON SU VOTO A FAVOR LAS REFORMAS A FAVOR DE LA VIDA EN 16 ESTADOS.

Proporcionado por CEFIM

¿Avance o retroceso?

2009-11-25T07:07:00.000-08:00

Mtra. Rocío Rodríguez Pantoja

Es realmente un misterio para mí, la causa de que mucha gente esté obsesionada con los adelantos o retrocesos, como si de suyo “adelantarse” fuera algo bueno, y “retroceder” fuera algo malo. Imaginemos por un momento que vamos conduciendo un automóvil con la idea de llegar a un buen lugar para almorzar. De pronto nos damos cuenta de que el camino que hemos elegido, lleva directo a un precipicio… ¿no sería lo más sano retroceder frente a tan dramática perspectiva?

Claro, se podría argumentar que mi ejemplo es demasiado simplista, por ello me atrevo a poner otro más: Cuando una persona afirma que “parece que seguimos en la Edad Media” o en la “época de la Colonia” o que “estamos volviendo al siglo pasado” ¿a qué se refiere exactamente? ¿Será que con esa expresión quiera afirmar que nuestra arquitectura actual es tan sólida y hermosa como el gótico medieval? ¿A caso querrá decirnos que la unidad e identidad Nacional adquiridas gracias a la Colonización cada vez se fortalece más? ¿O tal vez afirmando que estamos “volviendo al siglo pasado” quiera decir que en este siglo están surgiendo tantos genios de la humanidad como en el anterior…?

Sin embargo aunque esto fuera posible, es casi impensable. La mayoría de la gente aficionada a usar estas expresiones, suele hablar casi en automático del pasado como si fuera sinónimo de malo y del futuro y lo nuevo como si fuera necesariamente mejor o bueno en sí mismo. Por este mismo triste e irresponsable modo de juzgar, mucha gente termina adoptando comportamientos no importándole si son buenos o malos, sino solamente si están o no de moda.

En toda época hay cosas buenas y malas, de manera que lo importante es ser críticos, es decir, saber distinguir lo valioso de lo que no lo es. Claro, es importante avanzar, pero no en cualquier dirección, pues si como en el primer ejemplo avanzamos hacia un precipicio, terminaremos por destruirnos a nosotros mismos. En cambio si avanzamos en la dirección correcta, es decir, si conocemos cada vez más de valor y la dignidad que cada ser humano tiene en todas las etapas de la vida, sus derechos, e impulsamos leyes que protejan el bien de todos, con seguridad llegaremos a una situación cada vez mejor.

Avanzar en la carrera de promoción de una cultura egoísta, irresponsable, que discrimina a los seres humanos según su clase social, “productividad”, género y etapa de desarrollo (como es el caso de los recién concebidos), es adelantarse hacia el precipicio. Sería más sabio retroceder.

Hay quien afirma que las recientes reformas de las constituciones locales de la mitad de los estados en México, que garantizan el derecho a la vida desde el momento de la concepción suponen “un retroceso para la mujer”. Yo sólo añadiría, que si consideramos que “la mujer” de la que hablan, iba directo al precipicio de pedir que la ley le autorice asesinar impunemente a sus hijos e hijas en su propio vientre, el “retroceso” es una magnífica y feliz decisión.

Para las mujeres que valoramos nuestros derechos pero también estamos dispuestas a cumplir nuestras obligaciones y a responder por las consecuencias de nuestros actos, estas reformas son un adelanto en la dirección correcta. Del mismo modo para mujeres que se están desarrollando en el vientre de su madre, es un progreso en la dirección adecuada, pues tendrán garantizado su derecho a la vida como merece cualquier ciudadana.

Una cuestión más: puede que haya quien no esté de acuerdo en cuál sea “la dirección correcta” hacia la cual avanzar. Así pasa en toda democracia. Sin embargo, es obvio que al menos en la mitad del país, hay un acuerdo abrumador sobre este punto, pues las reformas a favor de la vida son el resultado de que los legisladores hayan escuchado las demandas de la sociedad. Es penoso por ello que algunas minorías y medios de comunicación, planteen el asunto como un “atropello” un hecho “penoso y arbitrario” y no posean la suficiente madurez como para al menos respetar el sentir de la mayoría.

Es curioso como algunas personas y grupos que brincaron de alegría, cuando se aprobó en el D.F. la despenalización del aborto, decían a quienes argumentaban que el aborto era malo por ser contrario a la dignidad humana, que no metieran cuestiones moralistas como la “bondad o maldad”, pues lo importante era la “voluntad de la mayoría” y había que respetarla. Pero por supuesto, cuando la mayoría decide lo contrario de lo que los “pro-aborto” quieren, en seguida cambian de criterio, afirmando que medio país está loco, o que esa no puede ser la voluntad de la mayoría, pues esas reformas son “malas”

Creo que es una cuestión de honestidad. Me parece (puede que me equivoque) que a estas personas no les importa ni lo bueno, ni lo malo, ni la democracia ni la sociedad y mucho menos la mujer, sino imponer a toda costa su ideología. Mientras no haya voluntad de entender y buscar la verdad, y de respetar y valorar a todas y cada una de las personas, no será posible trabajar conjuntamente para buscar el bien común. Esto sí que sería un verdadero avance hacia un México mejor.

R.R.P.

RIESGOSAS REFORMAS PARA LA FAMILIA Y LA NIÑEZ

2009-10-12T16:45:00.000-07:00

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES AL PROYECTO DE REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE “FILIACIÓN” Y EN PARTICULAR RESPECTO DE LA ADOPCION Y LOS REQUISITOS A CUMPLIR POR PARTE DE LOS ADOPTANTES (ARTICULO 316-A DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE YUCATAN) PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES DE UNICEF ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO.

Dividiremos este comentario en tres apartados; el primero referido al marco jurídico aplicable a la niñez, tanto en el ámbito internacional, como nacional tanto a nivel federal como local; el segundo relativo a un breve análisis comparativo de la propuesta de reformas al artícuo 316-A del Código Civil y un último apartado de conclusiones, que sustentan los riesgos que implica la reforma que se propone respecto de los derechos de los menores y la consecuente solicitud de no aprobar dichas reformas que se propone en la iniciativa sujeta a discusión.

MARCO JURIDICO APLICABLE A LA NIÑEZ.

A nivel internacional tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene las siguientes disposiciones:

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989. Organización: ONU

Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49.

México lo ratifica el 21 de Noviembre de 1990

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales,

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad,

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión,

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad,

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño,

La Declaración de los Derechos del Niño reconoce que: "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento".

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Artículo 21

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:

a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;

A nivel nacional, tenemos que nuestro máximo ordenamiento dispone:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Por su parte la Ley para la Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes establece lo siguiente:

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000

Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:

A. El del interés superior de la infancia.

B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.

C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.

D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.

E. El de tener una vida libre de violencia.

F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad.

G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.

Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A nivel estatal o local, nuestra Constitución Política establece:

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN

Publicada en el Diario Oficial del Estado el 14 de enero de 1918

Artículo 1.- Todos los habitantes del Estado de Yucatán, gozarán de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las derivadas de los Acuerdos o Tratados Internacionales, en los que el Estado Mexicano sea parte, y las establecidas en esta Constitución.

Tratándose de niñas, niños y adolescentes, las leyes garantizarán la protección de sus derechos humanos y garantías constitucionales con base en los principios de interés superior y protección integral. Esta Constitución reconoce como derechos de los infantes los previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y demás Tratados Internacionales ratificados por el Senado de la República.

Se garantizará el desarrollo pleno e integral de las niñas, niños y adolescentes, mediante el fomento del respeto a los derechos de la infancia y la cultura de su protección.

Artículo 3.- Todos los habitantes del Estado están obligados a:

I.- Cumplir con las Leyes vigentes y a respetar y obedecer a las autoridades legítimamente constituidas;

II.- Contribuir a los gastos públicos del Estado como del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa, que dispongan las leyes que establezcan contribuciones, que para tal efecto expida el Congreso del Estado.

III.- Prestar los servicios que las Leyes prescriban, considerándose como tales los servicios que las autoridades requieran, con arreglo a las Leyes, en casos de epidemia, guerra, siniestro o cualquiera otra contingencia grave;

IV.- Inscribirse en el padrón de su municipalidad manifestando la propiedad que tengan, o la industria, profesión o trabajo de que subsistan; y

V.- Corresponsabilizarse con el Estado en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conforme a las leyes, así como hacer que sus hijos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria.

Por su parte la Ley para la Protecciòn de la Familia del Estado de Yucatán establece:

LEY PARA LA PROTECCION DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE YUCATAN

Publicada en el Diario Oficial del Estado el 9 de Agosto de 1999.

ARTÍCULO 2. La familia es el agregado social constituido por personas ligadas por el parentesco y con un domicilio común, y constituye la base de la estructura de la organización y desarrollo de la sociedad, por lo que el Estado le otorgará consideración preferente al momento de elaborar y ejecutar políticas, planes y programas de gobierno.

ARTÍCULO 6. Para efectos de esta Ley, se entiende por protección de la familia, al conjunto de disposiciones, mecanismos y acciones tendientes a garantizar el fomento de los valores sociales, culturales, morales y cívicos en el seno familiar, así como la integración y convivencia armónica entre sus miembros, en un clima de respeto a sus derechos y el desarrollo de las potencialidades de cada uno de sus integrantes.

PRINCIPIOS BASICOS DE PROTECCION DE LA NIÑEZ: Del contenido de los ordenamientos internacionales y nacionales transcritos se puede desprender con perfecta claridad y sin lugar a dudas varios de los principios básicos que integran los derechos de los niños, como lo son, entre otros:

Su interés superior, esto es, por encima de los derechos de cualquier otra persona relacionada con ellos (padres, adoptantes, etc.).
Su derecho al desarrollo pleno e integral en el seno de una familia.
La corresponsabilidad del Estado y de la sociedad para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños.

PROPUESTA DE REFORMAS AL ARTICULO 316-A DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE YUCATÁN

Atendiendo a los antes referidos principios básicos o fundamentales, pasamos a la segunda parte del comentario relativo a la propuesta de reformas al artículo 316-A del Código Civil del Estado de Yucatán en vigor, poniendo el texto en dos columnas, la izquierda con el texto vigente y la derecha con el texto propuesto, para mejor entendimiento del alcance de la modificación que se pretende

Texto vigente del artículo 316-A del Código Civil del Estado de Yucatán

Propuesta de reformas al artículo 316-A del Código Civil del Estado de Yucatán

Artículo 316 A.- Para que la adopción pueda determinarse, se requiere sea benéfica y atienda al interés superior del adoptado. Los adoptantes deberán acreditar los siguientes requisitos:

I.- Tener medios bastantes para proveer debidamente la subsistencia, educación y cuidado de la persona que se pretenda adoptar;

II.- Su aptitud e idoneidad para desempeñar las funciones paternas;

III.- Tener veinte años más que el menor o interdictado por adoptar;

IV.- Estar casados entre sí o vivir en concubinato, y que dichas relaciones hayan tenido una duración mínima de cinco años ininterrumpidos y bien avenidos, según criterio del juzgador.

V.- Ser Mayor de veinticinco años y en pleno ejercicio de sus derechos. (Reforma por Decreto 219. 24.Julio.09)

VI.- Ser de buenas costumbres.

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, vigilará y dictaminará sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Artículo, de conformidad con lo establecido en el Libro Tercero, Título Único, Capítulo VIII del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. El Juez deberá evaluar el referido dictamen, antes de emitir su resolución sobre la procedencia y forma de adopción, previa vista al Ministerio Público.

Artículo 316 A.- Para que la adopción pueda determinarse, se requiere sea benéfica y atienda al interés superior del adoptado o la adoptada. Los adoptantes deberán acreditar los siguientes requisitos:

I.- Tener medios bastantes para proveer debidamente la subsistencia, educación y cuidado de la persona que se pretenda adoptar;

II.- Su aptitud e idoneidad para desempeñar las funciones paternas y maternas;

III.- Tener diecisiete años más que la persona por adoptar;

OBSERVACION RELEVANTE: Es importante señalar que en la propuesta de reformas que se formula, se hace mención expresa de reforma total al artículo 316-A, es decir, que no quedan vigentes las actuales fracciones IV, V y VI y el último párrafo, ya que expresamente dice la propuesta que se reforma el artículo 316-A, es decir, todo el precepto, que queda con solamente las tres fracciones transcritas.

Partiendo del texto que se propone se aprecia lo siguiente:

PRIMER PÁRRAFO: En la propuesta de reformas se mantiene el texto con la adición de las palabras “o la adoptada” que no implica en sí un cambio relevante, sino meramente aclaratorio.

FRACCION I.- Se mantiene sin cambios en ambos casos. Este es un requisito de naturaleza económica, que debe enlazarse con los demás para cumplir su objetivo final. Es decir, por sí mismo carece de relevancia si no se demuestra en conjunto con los demás-

FRACCION II.- Se agregaron las palabras “y maternas”, que pretende, al parecer subsanar la elIminación de la fracción IV, siendo importante aclarar que con dicha expresión, sin ninguna otra mención en los requisitos, pueden comprenderse también relaciones de personas del mismo sexo. Así dos personas del sexo masculino serían figuras “paternas” y dos personas del sexo femenino serían figuras “maternas”.

Además es importante señalar que los conceptos “aptitud e idoneidad” son conceptos vagos e imprecisos, si no se establece en la misma ley la forma como se van a acreditar, que en el presente caso, se cumple con el enunciado de las seis fracciones, consideradas como un todo, del artículo 316-A en su texto vigente.

FRACCION III.- Se reduce la edad que debe existir entre adoptante y adoptado a diecisiete años (actualmente es de veinte años). No aparece en este caso la causa o razón que sustente este cambio. Es relevante destacar que la mayoría legal de edad (dieciocho años) no asegura una madurez ni equilibrio suficiente para hacerse cargo de la atención, cuidado y educación de un hijo y si bien esto mismo puede ocurrir naturalmente como consecuencia de un matrimonio, no resulta igual situación cuando personas extrañas pretenden adoptar a un menor, cuyo interés superior hay que atender y otorgarle el mejor entorno posible para su desarrollo integral.

FRACCION IV.- Se elimina. Esta fracción tiene un contenido relevante pues precisa que quien puede adoptar un menor es precisamente una pareja formada por un hombre y una mujer, unidos por el lazo del matrimonio y por la relación jurídica del concubinato. Esto garantiza que el menor se desenvolverá en un ambiente donde contará con ambas figuras, la paterna y la materna. Su eliminación conlleva el grave riesgo de que puedan adoptar personas del mismo sexo unidas de hecho, que bajo la apariencia de solteros, obtuvieran así un menor en adopción.

FRACCION V.- Se elimina. Esta fracción ya se contempla en el artículo 309-B del mismo texto de propuesta de reformas.

FRACCION VI.- Se elimina. Esta fracción tiene enorme importancia, ya que obliga a quien pretende adoptar a demostrar que cuenta o se conduce de acuerdo a las buenas costumbres. Las buenas costumbres parten de un concepto de moral social, es decir, que todo lo que atenta o hiere a la moralidad de una sociedad es contrario a las buenas costumbres. De ahí que resulta relevante para estar en aptitud de adoptar. el requisitos de la acreditación de las buenas costumbres. Estos no son conceptos simplemente retóricos, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado al respecto en las tesis siguientes:

Registro No. 286081

Localización:

Quinta Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

XII

Página: 466

Tesis Aislada

Materia(s): Común

MORALIDAD Y BUENAS COSTUMBRES.

La sociedad está interesada en que la moralidad y las buenas costumbres no sufran detrimento alguno y, contra los actos que a ello tiendan, no procede conceder la suspensión.

Amparo administrativo. Revisión del incidente de suspensión. Alcántara María Luisa y coagraviados. 23 de febrero de 1923. Unanimidad de ocho votos. Los Ministros Adolfo Arias, Francisco M. Ramírez y Agustín Urdapilleta no intervinieron en este negocio por las razones que constan en el acta del día.

Registro No. 340485

Localización:

Quinta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

CXXII

Página: 581

Tesis Aislada

Materia(s): Común

BUENAS COSTUMBRES.

Las buenas costumbres constituyen un concepto del cual los autores han buscado la precisión y se ha llegado a esta conclusión: todo lo que hiera la moralidad es contrario a las buenas costumbres, y la jurisprudencia poco a poco ha considerado que hay un criterio de moralidad en la sociedad y que es el ambiente social la fuente de aquéllas. De manera que no es necesario precisar con toda exactitud en qué consisten las buenas costumbres porque ningún legislador lo precisa, sino que se deja a la apreciación de los tribunales.

Amparo civil directo 476/54. Illiades viuda de Ize Elena. 25 de octubre de 1954. Mayoría de tres votos. Disidentes: Hilario Medina y Mariano Ramírez Vázquez. Engrose: José Castro Estrada.

A mayor abundamiento cabe decir, que incluso la legislación penal, en concreto el Código Penal del Estado, en su Título Séptimo, Capítulo Primero regula y tipifica como delito el de “Ultrajes a la moral pública y a las buenas costumbres”. Luego entonces, si el ultraje a las buenas costumbres puede incluso llegar a constituit una conducta delictiva, con cuanta mayor razón debemos exigir que quien solicite en adopción a un menor, demuestre conducirse con respeto a la moral social, y con ello a las buenas costumbres. Por esto la eliminación de este requisito resulta del todo trascendente.

ULTIMO PARRAFO: Se elimina. Esta supresión podría parecer irrelevante por referirse al trámite ante tribunales de la adopcion, pero consideramos importante que se mantenga en el texto, ya que se trata de disposiciones de derecho sustantivo y no solamente de carácter procesal o adjetivo, confiriendo a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, la facultad de vigilar y dictaminar sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo. Estimamos que debe permanecer este párrafo tal y como está redactado actualmente.

CONCLUSIONES:

Visto lo anterior podemos emitir las siguientes conclusiones, respecto al tema de la adopción.

PRIMERA.- Existe consenso a nivel internacional, nacional y estatal de que, en tratándose de los derechos de los niños, prevalece su interés superior, esto es, por encima de los derechos de cualquier otra persona relacionada con ellos (padres, adoptantes, etc.), su derecho al desarrollo pleno e integral en el seno de una familia y la corresponsabilidad del Estado y de la sociedad para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños.

SEGUNDA.- No se cuenta, o al menos no se proporciona sustento alguno para las reformas al artículo 316-A del Código Civil del Estado de Yucatán.

TERCERA.- La supresión de requisitos, elimina requisitos trascendentes que debe cumplir el adoptante, como lo son que no se cuida que el menor crezca en un ambiente derivado de una relación jurídica (matrimonio o concubinato) que le garantice contar con ambas figuras (paterna y materna); que no se requiere una edad mínima del adoptante y se elimina demostrar contar con buenas costumbres.

CUARTA.- La reforma que se pretende tiene el grave peligro de que podría llegarse, en su apicación a trastocar o tergiversar lo que es el derecho de un menor a ser adoptado, velando por su interés superior en todo momento, con las pretensiones de los solicitantes de una adopción que solamente deben acreditar contar con medios (requisito de carácter económico) y contar con “idoneidad y aptitud”, requisitos que así precisados se vuelven vagos e imprecisos, al no pedir la ley la forma de demostrar dicha idoneidad y aptitud quedando a criterio de la autoridad administrativa o judicial. Se aprecia la gravedad del riesgo derivado de la propuesta si aunado a lo anterior, consideramos que se eliminó de un tajo el requisito de acreditamiento por parte del adoptante de conducirse de acuerdo a las buenas costumbres.

QUINTA.- Estas propuestas de reformas son especialmente peligrosas si consideramos que lo que está en juego es la persona de un menor, que debe ser objeto de la máxima protección posible y la eliminación de requisitos conduce a una situación de incertidumbre para el menor y no garantiza en modo alguno la protección de su interés superior.

SEXTA.- Es la ley la que debe fijar con toda claridad y precisión los requisitos que debe cumplir quien solicite un menor en adopción, mismos que deben cumplir los postulados del derecho internacional, nacional y estatal, lo que en el presente caso no ocurre con la propuesta de reformas.

CONCLUSIÓN FINAL.- Por todo lo anterior consideramos que no deben aprobarse las reformas que se proponen al artículo 316-A del Código Civil del Estado de Yucatán.

HECHO HISTORICO. APRUEBAN PRIMERA INICIATIVA POPULAR

2009-07-16T06:57:00.000-07:00

Mérida, Yucatán, 15 de Julio de 2009.

CELEBRAN GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL REFORMAS DEL CONGRESO A FAVOR DE LA FAMILIA Y LA VIDA

*Yucatán ha dado pasos muy importantes en la defensa de la Institución Social sobre la cual ha fincado su desarrollo: la familia.

*La defensa de la dignidad humana de las personas, sobre todo de las mujeres y de las niñas y niños por nacer, es la esencia de la reforma a favor de la vida, afirma la Red Pro Yucatán.

Organizaciones de la sociedad civil representadas en la Red Pro Yucatán celebran las reformas a favor de la familia y de defensa de la vida, aprobadas hoy por mayoría de votos en el Congreso del Estado.

Los cambios legislativos constituyen un avance histórico ya que por un lado reconocen y consolidan a la familia como la institución fundamental del fortalecimiento de la sociedad yucateca, por otro garantizan el derecho a la vida desde la fecundación y hasta la muerte natural, con lo que en Yucatán nadie podrá disponer la vida de un ser humano, así sea en su fase primaria de desarrollo.

La Red reconoce que un sentimiento genuino y legítimo de la sociedad civil del estado, como es la protección del núcleo familiar y la defensa de la vida desde la fecundación, haya sido elevado a rango constitucional con el apoyo de las principales fuerzas políticas representadas en la LVIII Legislatura, lo que le confiere legalidad, certeza jurídica y respaldo popular.

Se trata de reformas históricas que, sobre todo, protegen la dignidad humana de las personas y consolidan la viabilidad de las principales instituciones sociales –familia, matrimonio, esposos entre hombre y mujer- en las que se sustenta y desarrolla la sociedad yucateca.

Integradas por ciudadanos que representan a los más diversos sectores de la población del Estado, la Red Pro Yucatán expresa su beneplácito de que el estado de Yucatán se sume a otras 13 entidades Federativas que han concretado cambios a sus constituciones locales para establecer de manera expresa el principio fundamental del derecho a la vida, sin el cual no puede existir ningún otro derecho, lo que hace que se consolide una cultura por la vida.

Respetamos a todos aquellos grupos y personas que difieren de nuestra posición frente a estos temas, sin embargo dejamos en claro, rotunda y categóricamente, que hoy la sociedad de Yucatán ve cristalizada una añeja demanda que refleja su sentir natural y legítimo: la defensa de la familia y de la vida, principios que identifican y han identificado por siempre a los yucatecos.

Hacemos énfasis en los siguientes puntos:

Ahora ha sido posible que en el texto de la Constitución local se reconozca expresamente el derecho a la vida desde la fecundación y hasta la muerte natural, pero sobre todo garantiza que nadie pueda disponer de la vida de otro ser humano.

Se mantienen las exclusiones de responsabilidad de tal manera que no será sancionada la mujer que se practique un aborto debido a malformaciones congénitas, cuando esté en riesgo su vida, ni cuando el embarazo haya sido consecuencia de una violación, principalmente.

La nueva legislación defiende a la mujer ya que aquellas que se practiquen un aborto no serán sancionadas con cárcel, sino que se les proporcionará atención médica integra para su recuperación de las secuelas que deja un acto de esa naturaleza, siempre que así lo soliciten a la autoridad competente. El Estado se encargará de proporcionarle toda la ayuda médica integral que requiera.

En la reforma Constitucional a favor de la familia se puntualiza que la ley protegerá al matrimonio y a las parejas de esposos, hombre y mujer, porque de esta forma se protege también a la organización y desarrollo de la familia, así como el respeto a su dignidad e intimidad.

Sobre estas bases se establece a su vez nuevas condiciones y requisitos para la adopción de personas, con el propósito central de garantizar para el adoptado las mejores condiciones de seguridad, bienestar y desarrollo. En resumen otorga certeza para los adoptados de que quienes se han hecho cargo de su persona son las más idóneas en todos los sentidos.

De esta forma la Red Pro Yucatán reconoce la trascendencia de las reformas Constitucionales, así como a los códigos Civil y Penal del estado, que colocan en un primer lugar al núcleo familiar, a partir de la defensa de la vida de todas y todos los yucatecos -desde el momento de su fecundación y hasta la muerte por causas naturales- y también por los cambios que otorgan mayor certeza social y jurídica al matrimonio y el concubinato, es decir la unión de un hombre y una mujer, piedra angular para la formación de la familia, que es la esencia sobre la cual evoluciona toda sociedad

¡ GRACIAS A TODOS QUIENES PARTICIPARON EN ESTA LUCHA Y A QUIENES DEBEMOS EL EXITO DE ESTA TRASCENDENTAL REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL !

Iniciativa Popular a favor de la familia y el Matrimonio. Síntesis del documento definitivo

2009-03-02T11:41:00.001-08:00

La Red ProYucatán con el apoyo de más de 30 organismos de la sociedad civil, presentará ante el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana una Iniciativa Popular (IPEPAC) avalada por las firmas de más de 7,000 ciudadanos, a favor de la Familia y el Matrimonio.

Esta Iniciativa Popular pretende reconocer los avances que en materia legal, jurisprudencial y de la bioética, entre otros, se han dado, buscando fortalecer la institución matrimonial y proteger a la familia, como base de la estructura de la organización de la sociedad. Las motivaciones que contiene la Iniciativa Popular que se presentará ante el IPEPAC son, en síntesis, las siguientes:

1. La familia es un bien jurídico protegido por la Constitución Federal la que ha elevado dicha protección a rango de garantía individual.

El artículo 4º de la Constitución Federal dispone que “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”. Este texto fue fruto de una reforma constitucional publicada el 31 de diciembre de 1974, que elevó al más alto rango de ley la protección de la organización y el desarrollo de la familia.

Además los tribunales del Poder Judicial de la Federación al realizar su función interpretativa jurisprudencial han establecido que “la protección legal de la organización y desarrollo de la familia se entiende como la preservación del núcleo fundamental de la sociedad, así como de las personas que lo conforman, orientado ello hacia el crecimiento personal y social a fin de lograr el más elevado plano humano de los padres y de los hijos y su consecuente participación activa en la comunidad” (Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XII, Julio de 2000, Tesis: 2a. LXXVIII/2000, Página: 163).

2. La niñez como parte fundamental de la familia debe ser protegida velando siempre por su interés superior, a fin de que pueda desarrollarse integralmente en el seno de una familia conformada por un padre, una madre y los hijos.

Lo anterior deriva de tratados internacionales suscritos por México, como la Convención de los Derechos del Niño que dispone en su artículo 3º incisos A) y D) que: “Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes: “A. El del interés superior de la infancia… “D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.

Igualmente se refleja dicha protección de la niñez y promover su desarrollo integral en el seno de una familia, la Constitución Federal (artículo 4º), Las leyes federal y estatal para la protección de las niños, niños y adolescentes, la Constitución de Yucatán (artículo 1º) y la Ley para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán.

Del mismo modo el Poder Judicial de la Federación ha establecido que: . Es pertinente destacar que si bien el artículo 4o. de la Constitución General de la República, estatuye que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, lo cierto es que la norma constitucional reconoce un régimen propio en lo que se refiere a las cuestiones familiares, dado que al respecto puntualiza que la ley ordinaria "... protegerá la organización y el desarrollo de la familia ..."; de lo cual se desprende claramente que en este aspecto en particular, debe atenderse fundamentalmente a las circunstancias específicas que se encaminen a proteger el desarrollo de la familia y, dentro de este concepto, por consiguiente, a proteger el desarrollo de los menores;” (Consultable en: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Agosto de 1998, Tesis: I.9o.C.53 C, Página: 845

3. El matrimonio ha evolucionado de ser considerado un contrato, a tener la categoría de institución, de orden público e interés social, además de ser la base de la familia que tutela, no solo intereses privados sino el interés superior de la familia.

En relación al reconocimiento del matrimonio como institución, como base principal de la sociedad y como piedra angular en la que descansa el bienestar de la sociedad tenemos que los tribunales del Poder Judicial de la Federación han afirmado:

“El matrimonio es la institución base principal de la sociedad, cuyos fines son la perpetuación de la especie y la ayuda mutua, siendo el vínculo conyugal, una comunión física, moral y económica, de la que surgen facultades y deberes” (Consultable en: Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, XII, Agosto de 1993, Tesis: Página: 479

“El matrimonio es una institución de orden público por lo que la sociedad está interesada en su mantenimiento y sólo por excepción la ley permite que se rompa el vínculo matrimonial;” (Consultable en: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, P.R. TCC, Tesis: 606, Página: 411

Reconocido el matrimonio como base de la familia y de la sociedad, el mismo autor jurisprudencial ha sostenido la trascendencia de estas instituciones, a las que ha atribuido la naturaleza de orden público e interés social, como se aprecia de las siguientes tesis:

“El matrimonio es un instituto de orden público, porque el interés que en él se tutela no es el particular o individual de quienes lo forman, sino un interés superior: el de la familia; siendo ésta la célula de la sociedad, el matrimonio es también de orden y trascendencia social y ya no meramente privado”. (Consultable bajo el rubro: “MATRIMONIO Y DE LA FAMILIA. NATURALEZA DEL”, en: Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, XII, Noviembre de 1993, Tesis: Página: 377)

“Por ser el matrimonio la base de la familia y de la sociedad su mantenimiento es, en principio, de interés público y sólo es legítima su disolución cuando concurren causas de divorcio realmente graves y demostradas en forma indubitable.” (Consultable bajo el rubro: “MATRIMONIO. INTERES SOCIAL EN SU PERMANENCIA” en: Quinta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación CXXVIII, Tesis: Página: 713)

Es relevante al caso considerar que por orden público debemos entender como el conjunto de reglas en que reposa el bienestar común y ante las cuales ceden los derechos los particulares, porque interesan a la sociedad colectivamente más que a los ciudadanos aisladamente considerados. Funciona, además, como un límite por medio del cual se restringe la facultad de los individuos sobre la realización de ciertos actos jurídicos válidos que tengan efectos dentro de un orden jurídico.

4. Existen amenazas a la institución matrimonial y a la familia.

Situaciones derivadas de la dinámica social han propiciado la existencia de muy diversas amenazas a la institución matrimonial y con ello a la familia, tales como la falta de diálogo, la violencia intrafamiliar y el divorcio, a la que suman hoy día nuevas formas de convivencia que desean ser equiparadas al matrimonio, sin que cumplan las funciones que a ésta se han asignado y que han servido como sustento a nuestra sociedad.

Un dato revelador solamente en el tema del divorcio nos muestra que en México en 1970, por cada 100 matrimonios hubo tres divorcios; en el 2003, esta cifra se elevó a 11 divorcios y para 2005 prácticamente hay 12 divorcios por cada 100 matrimonios. Actualmente Yucatán, es la cuarta entidad a nivel nacional con mayor índice de divorcios (19 divorcios por cada 100 matrimonios) después de Baja California (32 divorcios por cada 100 matrimonios), Chihuahua (31 divorcios por cada 100 matrimonios) y Aguascalientes (20 divorcios por cada 100 matrimonios). (INEGI Estadísticas de matrimonios y divorcios 2005).

Por las razones anteriores hemos considerado oportuno revisar y plasmar tanto en la Constitución del Estado de Yucatán, así como en el Código Civil, conceptos que recojan los avances antes mencionados y al mismo tiempo ayuden a proteger, preservar y fortalecer a la familia y el matrimonio. Por ello proponemos los siguientes textos:

PRIMERO.- Reformar el artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Yucatán para quedar como sigue:

ARTICULO 94.- El matrimonio es una institución de orden público e interés social, por medio del cual se establece la unión jurídica de un hombre y una mujer, teniendo como base o fundamento el amor, en la que, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, se genera nueva vida y nace una familia, formando una comunidad en la que prevalezca entre el padre, la madre, los hijos, así como los demás parientes, el respeto entre sus miembros, la ayuda, la asistencia recíproca y la promoción y desarrollo integral de cada uno. El concubinato es la unión de un hombre y una mujer, quienes libres de matrimonio viven como esposos y pueden generar una familia, en los términos que fije la ley. La familia es una institución social permanente a la que se reconoce como el fundamento primordial de la sociedad y la esencia sobre la cual evoluciona el Estado. La ley protegerá al matrimonio y la organización y desarrollo de la familia así como el respeto a su dignidad e intimidad. Ninguna otra forma de convivencia podrá ser equiparable al matrimonio o a la familia o al concubinato, ni otorgar los derechos que a éstos o a sus miembros confiere la ley.

SEGUNDO.- Reformar el artículo 54 del Código Civil del Estado de Yucatán, para quedar como sigue:

ARTICULO 54.- El matrimonio es una institución de orden público e interés social, por medio del cual se establece la unión jurídica de un hombre y una mujer, teniendo como base o fundamento el amor, en la que, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, se genera nueva vida y nace una familia, formando una comunidad en la que prevalezca entre el padre, la madre, los hijos, así como los demás parientes, el respeto entre sus miembros, la ayuda, la asistencia recíproca y la promoción y desarrollo integral de cada uno. Ninguna otra forma de convivencia podrá ser equiparable al matrimonio o al concubinato, ni otorgar los derechos que a éstos o a sus miembros confiere la ley.

Bases de la Iniciativa por la Familia

2009-01-30T11:39:00.000-08:00

INICIATIVA CIUDADANA POR LA FAMILIA

La Red ProYucatán conformada por más de 40 organismos no gubernamentales, están promoviendo una iniciativa a favor del matrimonio y la familia, utilizando una de las formas que permite la Ley de Participación Ciudadana que regula el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular en el Estado de Yucatán, que lo es la iniciativa popular.

Dicha iniciativa popular requiere el apoyo a la iniciativa del .3 % del listado nominal de electores. Actualmente (al 31 de diciembre de 2008) existen 1´115,245 electores en dicho listado nominal, lo que implica el apoyo (con firma y credencial de elector) de un mínimo de 3,346 personas.

BASES EN QUE SE SUSTENTA LA INICIATIVA

Las bases principales en que se sustenta la iniciativa popular que será presentada a los legisladores son las siguientes:

· La familia debe ser reconocida como una institución y no solamente como un contrato, como está en la actualidad en la legislación.
· La familia debe ser reconocida como una institución de orden público e interés social, debiendo anteponerse los intereses de la sociedad a los intereses individuales.
· La familia es consecuencia del matrimonio, el cual debe ser reconocido solamente como la unión de un solo hombre y una sola mujer.
· La familia, en su concepción antes mencionada, es la célula básica de la supervivencia de la sociedad.
· La familia es una comunidad de amor y generadora de vida.
· La familia es el espacio privilegiado para el desarrollo integral de sus miembros, especialmente los hijos.
· El desarrollo y organización de la familia es obligación de la ley, por estar elevado a la categoría de garantía individual en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las anteriores consideraciones hacen necesario modificar la legislación de nuestro Estado de Yucatán, desde la Constitución Política y el Código Civil, en los que debe quedar plasmado en el texto legal, las bases anteriores.

¿Como en Holanda?

2009-01-29T19:36:00.001-08:00

“HAY QUE TENER LA MENTE ABIERTA,

PERO NO TANTO QUE SE NOS SALGA EL SESO”
Arthur Hays Sulzberger

La nota publicada por el Diario “Las bodas gays: quieren a Yucatán como Holanda” me hizo pensar e investigar un poco más acerca de lo que está pasando en tan "avanzada" sociedad.

Ojalá la propuesta girara más en el sentido de parecernos a Holanda en materia de desarrollo económico, ya que esto sí ayudaría mucho a nuestro país a erradicar problemas de fondo de los que se derivan muchos otros, como el pandillerismo que azota a nuestro estado, por dar sólo un ejemplo. Pero no, buscan imitar a ese país Europeo en lo que ellos llaman “modernidad” al pretender reconocer en materia legislativa las diferencias o preferencias.

Haciendo un “viajecito cibernético” encontramos que en Holanda en donde ciertamente se han reconocido los “matrimonios” entre personas del mismo sexo, importante es saber que a inicios de este año, la sodomía y el fetichismo acaban de ser eliminadas como causales para recibir apoyo psicológico. El bestialismo no está prohibido y los activistas defensores de los animales se abochornan de que Holanda tenga el dudoso honor de ser el mayor productor de pornografía animal del mundo. La utilización de las drogas y la práctica de la prostitución ya legalizadas, están enfrentando al gobierno y sociedad a las graves consecuencias de su legitimación.

El camino recorrido ha sido una inspiración para otros grupos minoritarios, como el recién creado partido “Caridad, Libertad y Diversidad” con el cual se busca “avanzar” todavía más, los pederastas pretenden que Holanda reconozca sus “derechos”, y proponen entre otras cosas que la mayoría d edad de las personas sea de 12 años en lugar de 18 o 21, con lo cual un adulto mayor podría tener relaciones con un menor sin que se le aplique el peso de la ley, independientemente de su preferencia sexual, en esa sociedad altamente “desarrollada” y que reconoce la pluralidad.

Creo que la cosa no debe de ir por allí, siempre hemos dicho que las preferencias o los gustos son sólo eso - preferencias- y que por tanto no tienen el peso para cambiar nuestras leyes.

Los legisladores no deben actuar a capricho de grupos minoritarios que amenazan con destruir los principios rectores sociales argumentando discriminación, pues si ese fuese el criterio podríamos decir que todas las leyes son discriminatorias en el sentido de que nos prohíben muchas cosas que nos gustaría hacer.

Si se accediera a modificar la ley teniendo como sustento las preferencias sexuales, el paso siguiente sería reivindicar los derechos de quienes tienen como preferencia sexual estar con bebés, con animales o con muertos ; a lo que luego seguirían la reivindicación de los “derechos” de los que gustan ejercer la violencia, de los ladrones a sustraer lo ajeno, de los narcotraficantes a envenenar a la sociedad con sustancias prohibidas o los derechos de cualquiera cuyas preferencias no estén reconocidas en materia legal.

Y que quede claro: No es una postura en contra de personas con preferencias sexuales distintas, es simplemente y llanamente que hay que conservar el orden natural de las cosas y de que la ley respete el sentido fundamental de las relaciones humanas.

Ivette Laviada de López
iniciativaporlafamila@gmail.com

Ley de Participacion Ciudadana e Iniciativa Popular

2009-01-26T18:11:00.001-08:00

(Publicado en el Diario de Yucatán los días 25 y 26 de enero de 2009)

Ley de Participación Ciudadana

No existe obligación legal de aprobar las uniones del mismo sexo

Jorge Carlos ESTRADA AVILES

Siguiendo con el tema de la iniciativa de organismos no gubernamentales para legislar y reconocer la unión de personas del mismo sexo, confiriendo a éstas el mismo estatuto legal del matrimonio, en esta ocasión cabe reflexionar sobre la forma utilizada para impulsar esta propuesta y que lo es la iniciativa popular, uno de los medios de consulta popular contenidos en la legislación recién promulgada (22 de enero de 2007) bajo el extenso nombre de “Ley de Participación Ciudadana que regula el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular en el Estado de Yucatán” (LPC).

Esta legislación establece los tres mecanismos contenidos en su mismo nombre, teniendo por objeto reglamentarlos como “formas de consulta popular directa en la toma de decisiones públicas y la resolución de problemas de interés general”. De este objeto de la ley cabe preguntarnos: ¿es un problema de interés general legislar sobre las uniones del mismo sexo? La respuesta tendría que ser negativa, lo que resulta por demás evidente, ya que se trata de un asunto que solamente interesa a un grupo de ciudadanos que en ejercicio de su libertad personal han decidido llevar un estilo de vida distinto al establecido en el orden social. Esta es una cuestión relevante que debe ser analizada en primer término por los legisladores, en caso de admitirse a trámite dicha iniciativa.

Los requisitos para admitir una iniciativa popular para reformar la Constitución del Estado o leyes estatales, requiere el apoyo del .3 % del listado nominal de electores. La información disponible al 31 de diciembre de 2008 en el sitio de internet del Instituto Federal Electoral, arroja un número de 1´115,245 electores en dicho listado nominal, lo que implica, si Pitágoras no miente, que se requiere el apoyo (con firma y credencial de elector) de 3,346 personas.

El camino o ruta crítica de una iniciativa popular es el siguiente:

a) inicia con la presentación del documento que la contenga, con los requisitos de forma establecidos en los artículos 60 y 61 de la LPC, pudiendo ser proyectos o propuestas ante el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (IPEPAC antes Instituto Electoral del Estado);

b) El IPEPAC recibida la propuesta debe analizar si ésta reúne los requisitos de forma y fondo para admitirla a trámite, para lo cual cuenta con 10 días naturales; si hay algún requisito omitido, se dará a los proponentes un plazo de 3 días para subsanarlo;

c) si no hay omisiones o éstas se subsanan en tiempo, el IPEPAC remite la iniciativa al Congreso del Estado “para su correspondiente trámite”;

d) El Congreso “substanciará y resolverá” a más tardar en el período ordinario.

Como se ve en ninguna parte de la LPC se afirma o puede deducirse que una iniciativa popular deba aprobarse o apoyarse, como se pretende hacer creer a los ciudadanos por los proponentes, ya que dicha ley únicamente habla de someter a trámite, substanciar y resolver, nunca dice “aprobar”. Esto tiene su justificación en cuanto que la referida LPC no puede violentar la soberanía del Congreso al decirle el sentido en que debe resolver una iniciativa popular y por otra parte no puede entrar en contradicción con la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán (LOPLEY), que establece las etapas, plazos y formas que debe el Congreso del Estado observar ante cualquier iniciativa de ley.

Es importante destacar que, al hablar la LPC que debe el Congreso del Estado sustanciar y resolver una iniciativa popular en el período ordinario, debe interpretarse desde dos perspectivas: la primera en el sentido de que no puede resolverse este tipo de iniciativas en un período extraordinario y la segunda en cuanto a que no puede implicar que necesariamente deba aprobarse en el mismo período ordinario que se presente, sobre todo si estimamos que solamente hay 3 períodos ordinarios de sesiones (el actual va del 16 de enero al 15 de abril) y que el proceso legislativo implica recibir la iniciativa, remitirla a las Comisiones respectiva, más las discusiones en éstas, la emisión de su correspondiente dictamen y las lecturas (dos al menos) en el pleno del Congreso, en forma previa a su votación final, sin que proceda en este caso la dispensa de trámites, permitida en asuntos de obvia resolución o notoria urgencia, supuesto que en este caso no se da por la naturaleza del tema a ser estudiado, el cual por el contrario implica una amplia consulta de organizaciones, expertos y la sociedad en general.

Así las cosas, si por ejemplo una iniciativa se presentara en una fecha próxima a la conclusión del período ordinario correspondiente, no sería posible pensar que tendría que resolverse sobre ella dentro del mismo período ordinario de sesiones del Congreso en que se presentó, por imposibilidad material de hacerlo, dados los plazos del proceso legislativo, partiendo del principio general de derecho de que “nadie está obligado a lo imposible”.

Para finalizar cabe destacar que una iniciativa, como la que se propone, que pretenda reformar la Constitución Política del Estado requiere, conforme al artículo 108 de la misma, de la aprobación de una mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados, que en nuestro caso, al ser un total de 25, requeriría el voto favorable de 17 legisladores a favor de esta iniciativa.

Si como vimos no se trata de un problema de interés general y tampoco existe obligación legal de aprobar o apoyar la iniciativa popular que se presentase, entonces cabría preguntarnos y exigir a nuestros representantes en el Congreso del Estado: ¿legislarán 17 diputados en conciencia y velando por el interés general o lo harán solamente para quedar bien con un sector de la población que demanda se eleve a rango constitucional una conducta privada e intima que nada aporta al bienestar de la sociedad?. Nuestros diputados tienen la palabra.

J.C.E.A.

¿QUIERES APOYAR NUESTRA INICIATIVA?

2009-01-19T13:38:00.000-08:00

Si es tu deseo apoyar esta Iniciativa Ciudadana por la Familia, ponemos a tu disposición los siguientes sitios y horarios para que escojas el que más se acomode a tus posibilidades.

FIRMAS DE APOYO EN PLAZAS COMERCIALES.

Para facilitar tu apoyo a la Iniciativa Ciudadana por la Familia, estaremos en plazas comerciales en mesas de recolección de firmas los días y horarios que oportunamente te informaremos.

LAS PRIMERAS PLAZAS QUE PARTICIPARAN A PARTIR DE ESTA SEMANA SON: PLAZA DORADA Y PLAZA FIESTA.

ESTATE POR FAVOR ATENTO SI VES MESAS DE RECOLECCION DE FIRMAS DE NUESTRA INICIATIVA EN ALGUNOS OTROS SITIOS PUBLICOS QUE IREMOS INFORMANDO.

CENTROS PERMANENTES DE ACOPIO DE FIRMAS

Puedes acudir entre semana a las siguientes direcciones:

Calle 56 # 435 x 49 y 51 Centro

Calle 110 # 641 x 69 diag. y 75 Col Libertad (por av. Itzaez rumbo al aeropuerto)

Calle 19 # 94 x 18 Col. Mèxico Norte.

Calle 65 # 521 x 58 y 60 Col. Mulchechén I, Kanasín, Yuc-

Calle 40 A # 458 x 41 y 39 B Col. El Fenix

Recuerda llevar una copia por ambas caras de tu credencial de elector, para que podamos hacer efectivo tu apoyo ante el IPEPAC al presentar nuestra iniciativa ciudadana.

Estamos a tus órdenes también en: iniciativaporlafamilia@gmail.com

TODA ELECCION SUPONE UNA RENUNCIA

2009-01-19T13:36:00.001-08:00

Por: Ivette Laviada de López

Leímos en la prensa que se busca legalizar las bodas homosexuales y con ella la posibilidad de la adopción. No tengo absolutamente nada en contra de las personas con preferencia sexual hacia otras de su mismo sexo, si libremente han optado por ello, simplemente deberán asumir la responsabilidad que esto conlleva.

En todos los ámbitos de la vida existen reglas que hay que seguir, para todos los ciudadanos hay leyes, para los creyentes según su fe y credo también existen normas, en las empresas, en las escuelas, los clubes, las organizaciones civiles, los partidos políticos y hasta en los hogares de cada una de las familias hay reglamentos que debemos cumplir para una convivencia armoniosa y pacífica.

Sabemos que hay leyes de tránsito que prohíben circular en doble sentido por algunas calles, estas han sido puestas en atención a una gran mayoría que se beneficia con la medida, si queremos ir a casa de una amiga que vive justo en esa calle deberemos transitar como corresponde, es decir cumplir o ser sancionados. Elegimos vivir en Mérida, renunciamos a vivir en otro lado por tanto acatamos las leyes y reglamentos de esta ciudad.

Si trasladamos esta situación al ámbito hogareño, cuando hemos puesto una regla de no comer en las habitaciones, nuestros hijos deberán cumplirla y sus amigos también, si no estuvieran dispuestos quizá no irían por la casa. Elegimos ir a ver a Juanito renunciando a la posibilidad de comer botanas en su cuarto.

En las escuelas de nuestros hijos debemos acatar el reglamento -padres e hijos- o de lo contrario podríamos ser expulsados, finalmente nosotros hemos elegido la escuela y al conocer sus reglas aceptamos quedarnos en ella y renunciamos a estar en otra.

En las empresas las reglas también son claras, elegimos quedarnos en este trabajo y por tanto hemos renunciado a estar en otro independientemente del salario, prestaciones o cualquier otra cosa. Nuestra elección nos lleva a cumplir con el compromiso elegido.

Cuando hemos decidido casarnos, elegimos por esposo o esposa a alguien del sexo opuesto, el matrimonio así lo define en su art. 54º del Código Civil de Yucatán “la unión voluntaria de un solo hombre y una sola mujer…” por lo tanto, renunciamos a la posibilidad de tener otra pareja, tenemos que ser fieles o ser sancionados por adúlteros.

Si elegimos formar un matrimonio tendremos la posibilidad de formar una familia pues esta relación es fecunda, salvo contadas excepciones claro, pero que la ley contempla y para lo cual se ha dispuesto la adopción en dónde el Art. 316-A del código civil aclara “para que la adopción pueda determinarse, se requiere sea benéfica y atienda al interés superior del adoptado”.

Si una pareja del mismo sexo decide cohabitar, esa elección -si es responsable- también supondrá una renuncia, pues no existe el matrimonio para personas del mismo sexo, por lo tanto podrán vivir juntos y ya.

No es que la sociedad les prohíba tener hijos, es su elección la que por naturaleza conlleva este impedimento.

Hacer triquiñuelas con la ley para beneficiar a unos cuantos desvirtúa la realidad, confunde a la sociedad pues se dan argumentos falaces con apariencia de verdad.

Las preferencias, son sólo eso, jamás serán un argumento válido para hacer leyes. A mi no me gusta el mondongo a la andaluza y no por ello exijo una ley que lo elimine de todos los menús.

DIGNIFICAR EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA

2009-01-19T13:33:00.000-08:00

La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida.

Juan Pablo II (1920-2005)

Matrimonio y familia, palabras que no se prestan a equívocos ni traducciones. Vocablos que dejan muy claro lo que son y deben ser. En este asunto no caben “actualizaciones”, ni acepciones.

Antes de la llegada de Jesucristo, existían ya uniones entre mujeres y hombres que por diversos motivos lo hacían y en la mayoría de los casos eran para asegurar la perpetuidad de la raza humana y no para otros fines.

Si la monogamia fue el modo prevaleciente de la familia antes de Cristo, estaba limitada de diferentes formas por la práctica de la poligamia en muchos pueblos. Esta práctica era en general más común entre las razas semíticas que entre los arios. Era más frecuente entre los judíos, egipcios y medos, que entre las personas de India, los griegos o los romanos. Existió en mayor extensión entre las razas no civilizadas, aunque algunas de éstas estuvieron libres de ellas. Es más, incluso en esas naciones en que se practicaba la poligamia -civilizadas o primitivas- normalmente se restringió a una pequeña minoría de la población, como los reyes, los jefes, los nobles y los ricos. La poliandria era igualmente practicada, pero con menor frecuencia. La monogamia fue la forma más parecida al matrimonio entre los pueblos primitivos.

Sin embargo, no existía en ellos la intención de educar a sus descendientes con preceptos morales, éticos o trascendentales que los llevaran a valorar la institución de familia como tal. Sus límites estaban bien definidos y estos eran la reproducción de la especie así como el dominio territorial. El varón por ejemplo, en Roma tenía el poder absoluto sobre todos los miembros de la familia, inclusive sobre los hijos adultos a los que podía matar si así le convenía, sobra decir que el infanticidio era cosa común en esa época. Incluso sociedades que permitían la homosexualidad y hasta la fomentaban en ciertas edades y clases sociales, como los griegos antiguos, entendían claramente el matrimonio como la unión estable entre un hombre y una mujer abiertos a tener hijos. Una cosa eran las prácticas sexuales de los ciudadanos y otra muy distinta la familia y la generación y educación de hijos.

A siglos de existencia del matrimonio y la familia como constructores y pilares de la sociedad, éstos han ido sufriendo los embates de los cambios económicos y sociales que pretenden transformarlos en una opción más para: no vivir en soledad, formar alianzas económicas o políticas o perpetuar un apellido.

Los errores que se cometan en el matrimonio y familia no deben ser vistos como sinónimos de instituciones caducas o como pretextos para reinventarlos a conveniencia. El matrimonio y la familia, fuentes inagotables de amor generoso son las escuelas perfectas en estos tiempos de tanta confusión mediática y liderazgos oportunistas, son los baluartes más seguros contra todo mal social.

Comprender y dignificar la lucha que se realice a favor de estas dos instituciones nos llevará a obtener la mayor riqueza que se pueda obtener sobre la Tierra.

Marcia Lara de Moreno

DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ

2009-01-19T13:28:00.000-08:00

Por: Ivette Laviada de López

Directora de CEFIM (Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer Yuc.,S.C.)

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4º menciona que los niños y las niñas tienen derecho a disfrutar de todo aquello que favorezca su desarrollo integral (Incluidos el derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, satisfacción de necesidades de alimentación, salud, educación y esparcimiento).

El Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara que toda persona tiene derecho a la educación, y que ésta tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

De aquí surgen dos preguntas ¿Cómo se obtiene el pleno desarrollo de la personalidad humana? y ¿Cómo se consigue el desarrollo integral de un niño o niña?

Si nos vamos al origen, para salvaguardar este desarrollo es necesario saber que el ser humano es un ser social, no nace de una roca ni es un ente aislado, desde que nace pertenece a una comunidad que es su familia y ésta queda protegida ante la ley.

El matrimonio, institución jurídica dirigida a organizar la reproducción humana según el artículo 94º de la Constitución Política del Estado de Yucatán, queda definido en el artículo 54° del Código Civil del Estado de Yucatán como “La unión voluntaria entre un solo hombre y una sola mujer, basada en el amor y sancionada por el estado, para fundar una familia, perpetuar la especie y darse recíprocamente compañía, ayuda y asistencia”.

Queda muy claro que esta es la parte medular del desarrollo integral de una persona: el niño debe nacer dentro del matrimonio para desarrollarse sanamente siendo indispensables la figura del padre y de la madre, enriqueciendo ambos con sus diferencias la dignidad de esa unión.

La persona humana tiene una dimensión más allá de lo corpóreo, pues también es mente y espíritu, posee facultades superiores como son la inteligencia y la voluntad. Es por eso que para educar integralmente es necesario que a los niños se les forme en todos los ámbitos de su ser pera que lleguen a ser gente de bien. Los varones necesitan identificarse con su padre y las niñas con su madre -sirviendo esto además- para saber cómo deben relacionarse en el futuro con el sexo opuesto y adquirir su propia identidad convirtiéndose estas relaciones interfamiliares en la escuela perfecta para el amor, la tolerancia y la aceptación de las diferencias.

Es indispensable educarlos en el área social, en dónde el respeto, la solidaridad, la generosidad y la sensibilidad hacia las necesidades ajenas sean parte de sus vidas; en el área humana, fortalecer su voluntad y templanza que les hagan optar efectivamente por lo bueno y no por lo malo; enseñarles hábitos de aseo, higiene, orden, etcétera.

Asimismo, formarlos en lo físico y en lo intelectual eligiendo escuelas que potencien sus facultades fomentándoles el interés por saber y conocer, inculcándoles el amor a la verdad y cultivando la sensibilidad a la belleza existente en la naturaleza.

Darles con nuestro ejemplo las lecciones necesarias para que puedan distinguir el bien del mal, para que aún a merced de el, su voluntad se haga presente siempre y en todo lugar.

Si queremos personas humanas íntegras defendamos la institución irremplazable del matrimonio, elemento social por excelencia para construir una sociedad sana y provechosa.

ivilavin@gmail.com.

RESPETO A LOS DERECHOS DEL NIÑO POR ENCIMA DE TODO

2009-01-19T13:22:00.000-08:00

“El matrimonio entre personas del mismo sexo no ataca a la familia ni pervierte a la sociedad –señalan”

Silvia Sarti de Molina.

Hace unos días leí una noticia en el diario que me llamó gravemente la atención:

*Organizaciones civiles yucatecas dan a conocer una iniciativa de matrimonio entre personas del mismo sexo*

Para esta iniciativa argumentaban varias razones, entre ellas una especialmente me parece preocupante :

“Porque la figura que ofrece la más amplia protección a los derechos de dos personas que deciden unirse públicamente y compartir sus vidas, con todas las consecuencias legales que de esto se deriva, es el matrimonio”

Lo realmente preocupante es que al querer contraer matrimonio, como se pretende, quieran formar como consecuencia una “familia”. Lo cual significa que buscarán para lograrlo, la adopción.

El artículo 316-A del código civil del Estado de Yucatán aclara: “Para que la adopción pueda determinarse, se requiere sea benéfica y atienda al interés superior del adoptado”. Y dentro de los requisitos para acreditar están:

-Su aptitud e idoneidad para desempeñar las funciones paternas

-Ser de buenas costumbres

Lo cual en un matrimonio de personas con preferencia sexual hacia su mismo sexo, es realmente imposible.

Curiosamente las organizaciones que convocan a esta propuesta de ley, son defensoras de los derechos humanos, y son ellas mismas que quieren violar los derechos de estos niños.

En ética, derecho significa aquello que cuadra con el concepto de la norma moral y es, por consiguiente, moralmente bueno.

La palabra derecho se utiliza también para significar lo que es justo: una ley justa, una pretensión justa, lo que es debido.

Pedir un derecho, donde se violen los derechos de otras personas, (en este caso los niños susceptibles de ser adoptados por estas personas), ni es moralmente bueno, ni es justo.

Sabemos por otra parte que ningún derecho es ilimitado, su límite es el derecho del otro.

El artículo 4º de nuestra Constitución dice claramente: “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”

Cómo podrá ser el desarrollo integral de un niño viviendo una distorsión de la realidad.

Y el mismo artículo señala: “el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos”.

Si el Estado llega a aprobar esta ley, será él mismo el que viole este artículo de la Constitución.

Con respecto a la homosexualidad la Organización Mundial de la Salud la ha declarado como no enfermedad. Pero a pesar de esta declaración los científicos del mundo, no han podido descifrar el origen de la orientación sexual de una persona homosexual. Aunque algunas teorías apuntan a que es innata, no se conoce con exactitud el papel que juega la herencia genética o las experiencias durante el desarrollo en la infancia, la influencia y relación con los padres, etc.

Existe una ley de conciencia que dice “ante la duda sigue el camino más seguro” y entendemos como camino más seguro, aquel que con mayor seguridad conserva el bien moral y con mayor seguridad evita la acción mala.

Es un hecho que no podemos exponer a los niños, ante una situación de dos padres o dos madres con orientación sexual hacia su mismo sexo, creando el peligro de que el niño, por experiencia de convivencia influya en su vida y termine confundiéndose en cuanto a su orientación sexual.

Es un deber de toda persona vigilar que se respeten los derechos humanos de otras personas, pero sobre todo, los derechos de los más indefensos.

Debemos como sociedad civil proteger los derechos humanos, aunque con ello se nos tache de “fanáticos” y “retrogradas”. Quieren estas organizaciones hacernos creer que con esta posible aprobación de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, Yucatán da un paso “vanguardista en materia legislativa, siendo el primero en ponerse a la altura de los tiempos”, cuando en realidad, esto sería un motivo de vergüenza para la sociedad si permite esta arbitrariedad contra el orden natural de la persona. La verdad es que no se puede ir en contra de la Naturaleza Humana, la historia nos ha demostrado que cuando se atenta contra ella, los resultados son desastrosos.

“Toda persona humana, sólo porque es persona humana, merece ser feliz, pero esa felicidad no puede basarse en la desgracia de otros”.

CALIFORNIA Y EL MATRIMONIO GAY

2009-01-19T13:20:00.000-08:00

Veto al matrimonio gay en California

Por Paz Fernández Cueto

Grupo Reforma

Ciudad de México, México (nov 21 2008 12:00am).- La democracia se demuestra en las derrotas, cuando, ante los resultados opuestos que arrojan las urnas, se acepta con dignidad el interés manifestado por las mayorías. Creo que fuimos muchos los gratamente sorprendidos por John McCain cuando, al enterarse de que había sido el candidato perdedor a la Presidencia de Estados Unidos, pronunció un discurso lleno de nobleza. El reconocer el "valor especial" que la victoria de Obama representaba para los afroamericanos y el "especial orgullo que debían sentir esta noche" -anunciando además que había llamado a Obama para felicitarle-, cortaba por lo sano cualquier intento de protesta que pudiera suscitarse entre sus partidarios a quienes, por si fuera poco, les pidió apoyo incondicional para el futuro Presidente.

No creo que nos sea difícil imaginar cuál hubiera sido la reacción contraria, después de haber sufrido en carne propia las protestas del PRD ante las derrotas. Seguramente hubiera rechazado los resultados proclamándose víctima de un complot racial que calificaría de "blancofóbico" y, a continuación, habría convocado a sus seguidores a emprender un movimiento pacífico de resistencia civil, hasta ser reconocido su derecho a gobernar como "presidente legítimo".

Esta misma reacción -contraria a toda razón- se ha visto en el estado de California cuando la mayoría de los votantes aprobara, en las mismas urnas que eligiera a Obama, una enmienda constitucional que reconoce únicamente como matrimonio la unión entre un hombre y una mujer. Podría parecer sorprendente, sin embargo, ya en el año 2000 el matrimonio gay se había rechazado por referéndum en California con una mayoría del 61 por ciento. Esta decisión popular no fue reconocida por el Tribunal Supremo del estado que decidió, en mayo pasado, por cuatro votos contra tres, que las parejas del mismo sexo tenían derecho constitucional a casarse.

Quienes defienden el matrimonio entre un hombre y una mujer, por la sencilla razón de que la unión heterosexual sigue siendo la única forma de tener hijos comunes, razón por la que las leyes se meten en cuestiones relacionadas con la sexualidad y los afectos para regular el matrimonio, presentaron una iniciativa conocida como Proposición 8, con una enmienda a la Constitución del estado que debía votarse el mismo día de la elección presidencial. Esta propuesta, ampliamente debatida durante la campaña, ganó en las urnas por una mayoría del 52.5 por ciento, reafirmando así la voluntad popular que había sido revocada por decisión de los jueces.

Los activistas del movimiento gay no tardaron en hacer sentir sus protestas. Curiosamente reconocieron el resultado a la elección presidencial pero no el otro. Lejos de reaccionar como buenos perdedores y de aceptar que "el pueblo de California había hablado", rechazaron los resultados de las urnas aludiendo que los californianos habían sido engañados, víctimas de una campaña de desinformación, siendo que el movimiento gay invirtió casi 40 millones de dólares en apoyo a sus argumentos. Están convencidos de que la oposición al matrimonio gay es cuestión de homofobia, piensan que se trata de discriminación, como en el pasado fuera la cuestión racial, aunque los votantes de color no piensan lo mismo, al menos es lo que demostraron en las urnas ya que, además de que su participación fue récord en las pasadas elecciones, los sondeos de salida arrojaron que el 70 por ciento de la población negra votó a favor de la Proposición 8.

Ante esto, los partidarios del matrimonio gay han vuelto a poner sus ojos en el Tribunal Supremo para que anule lo aprobado. Al no haber podido triunfar por la vía democrática a través del voto popular, argumentan que no es posible negar lo que consideran un derecho fundamental, simplemente porque así lo ha manifestado una simple mayoría de votantes. Según los militantes gay, para que la Constitución reconozca este derecho bastaría que así lo interpretara el Tribunal Supremo por una mayoría de dos a tres, aunque el pueblo en referéndum manifestara lo contrario.

Paralelamente a la batalla jurídica los activistas del movimiento gay han organizado movilizaciones sociales de protesta frente a templos católicos, protestantes o mormones, defensores de la Proposición 8. De la misma manera empresas y asociaciones que apoyaron el Sí también han sufrido represalias y boicots.

Desde luego, nada de esto hubiera sucedido si el resultado hubiera sido a su favor. A estas alturas el asunto no es tan sólo determinar si se aprueba o no el matrimonio gay, sino si se aplican de igual manera y en todos los casos las reglas de la democracia.

Amor seguro

Lorea Iturrioz de Bringas

loreabringas@prodigy.net.mx

LA PALABRA MATRIMONIO

2009-01-19T13:16:00.000-08:00

(Publicado Diario de Yucatán. 17 de enero de 2009)

Al estar leyendo la nota periodística “Demandan bodas de homosexuales” mi incredulidad fue en aumento conforme avanzaba en su lectura.

Hablan de que sea legal el matrimonio de personas del mismo sexo y piden la adopción de niños; conforme a esas demandas me pregunto: sobre el matrimonio al cual toman como un derecho, es necesario aclarar que el matrimonio es una opción, pues el estado si bien está obligado a casar a quiénes lo deseen de acuerdo a las leyes vigentes, no obliga a casarse a quienes viven juntos, pero sí los obliga como ciudadanos -por ejemplo- al pago de impuestos, respeto a las leyes, etcétera.

En relación niños a la cual se supeditan los intereses de los adultos que deseen adoptarlos, por lo tanto no se puede negar a los infantes el derecho a crecer en una familia la cual inicia desde que el ser humano aparece en la Tierra con la unión de un hombre y una mujer. Los principios y valores morales son los que rigen nuestra vida, estos principios se adquieren desde la infancia por enseñanza de nuestra madre y nuestro padre.

Aunque se quiera hacer uso de la palabra matrimonio para este tipo de uniones, este vocablo nada mas puede ser utilizado como lo indica el Diccionario de la Real Academia Española: “Unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales.”

Esta muy claro y que no le busquen más: matrimonio, pacto civil o sociedades de convivencia entre personas del mismo sexo, jamás podrán justificarse como bases para integrar una familia, lo cual quedó demostrado al derogarse en el estado norteamericano de California mediante referéndum la iniciativa que ahora se propone en Yucatán. Sería interesante saber porqué la gente vetó los matrimonios homosexuales.

Si de discriminación desean hablar que les quede muy claro que no se les impide que vivan juntos y establezcan vínculos afectivos, pero de ahí a que pidan que se les considere matrimonio hay una gran diferencia, como dije al principio: el matrimonio no es un derecho es una opción.

Para terminar, una idea más: así como ellos exigen respeto, lo mismo pido yo y si me califican de mojigato, reprimido o conservador, entonces tendré que asumir que están violando mi derecho a pensar y opinar libremente.

Luis E. Moreno-Lacalle Menéndez

Miembro de Adaltiora A.C

IMPORTANCIA Y VALORES DE LA FAMILIA

2009-01-19T13:09:00.000-08:00

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA

La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos padre e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la unidad hombre-mujer. La plenitud de la familia no puede realizarse con personas separadas o del mismo sexo.

Toda familia auténtica tiene un “ámbito espiritual” que condiciona las relaciones familiares: casa común, lazos de sangre, afecto recíproco, vínculos morales que la configuran como “unidad de equilibrio humano y social”.

La familia tiene que equilibrarse a sí misma. De esa manera enseña el equilibrio a los hijos. Ese equilibrio de la familia va a contribuir al equilibrio social.

La familia es el lugar insustituible para formar al hombre-mujer completo, para configurar y desarrollar la individualidad y originalidad del ser humano.

VALORES DE LA FAMILIA

ALEGRIA- Que contagies tu entusiasmo.

RESPETO-Trátale como si fuera tan buena persona como tú quisieras que sea.

AMOR-Necesita la seguridad en el amor para tener en sí mismo.

HONRADEZ-Que los demás puedan confiar en nosotros.

VALENTIA Y VALOR-Saber encarar las cosas en las dificultades.

ESPERANZA-Creer en lo que se está haciendo.

GENEROSIDAD- De ayudar a los demás.

DAR SENTIDO A LAVIDA-Espiritualidad.

EDUCA A TUS HIJOS EN VALORES- No admitir que los demás le programen el cerebro.

LA SAGACIDAD- Estar bien despiertos y descubrir las alarmas de la sociedad.

Dónde se está formando a la juventud? ¿Qué programa de TV. habla de éstas cosas? Todo por el mismo lado, por la misma meta. Si no sembramos no recogeremos..

Hay que salir a sembrar con entusiasmo que nada ni nadie pueda contra nosotros. Nuestra capacidad de soñar no se puede acabar.

¡FORMEMOS¡ un frente de soñadores que consiga una FAMILIA MEJOR, una sociedad mejor, en un mundo mejor.

Myrna Rosa Escoffie B y Cesar Pasos B.

Retos Nuevos A. C.

Enero de 2009

¿Por qué una iniciativa ciudadana?

2009-01-18T15:51:00.000-08:00

Proponemos una reforma a nuestras leyes (Constitución Política del Estado de Yucatán y Código Civil del Estado de Yucatán) a fin de fortalecer la unión matrimonial como institución jurídica de orden público e interés social formada únicamente por la unión de un solo hombre y una sola mujer que constituye la base de la sociedad, fundada en el amor y que tiene como fines esenciales la procreación, la asistencia y apoyo mutuos y el desarrollo integral de la niñez.

Esta propuesta surge como una necesidad para robustecer la base de la sociedad y además como respuesta ante la probable aprobación de una ley que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo y por ende la adopción, ante lo cual un grupo de organizaciones civiles que integramos la Red pro Yucatán, hemos decidido hacer una propuesta de Ley con reformas a la Constitución Política del Estado de Yucatán y al Código Civil del Estado de Yucatán buscando proteger la institución matrimonial y la familia.

Al modificarse la Ley Electoral del Estado de Yucatán, se permite desde ahora que los ciudadanos podamos hacer propuestas de ley por medio de la “Iniciativa Ciudadana” a través del IPEPAC (Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana). Para que esto se logre es necesario reunir el .3% del listado nominal de electores que para el caso de nuestro estado representa alrededor de 3,500 firmas. Cómo es necesario demostrarle al IPEPAC que somos parte de su padrón electoral, es absolutamente necesario acompañar nuestra firma con una copia de ambos lados de nuestra credencial de elector.

Es por ello, que te invitamos a sumarte a la campaña de firmas que hemos iniciado para que los ciudadanos que estamos a favor del matrimonio y del sano crecimiento de nuestros hijos en la familia tengamos la oportunidad de participar activamente y hacer valer nuestra voz.

En esta misma página puedes encontrar información para reunir firmas, imprimirlo y una vez lleno acudir a la dirección más cercana para llevarlas o bien ponerte en contacto con nosotros para ir por las mismas.

¿Nuestra postura es anti-gay?

No, respetamos a todas las personas independientemente de sus preferencias sexuales, pero estas, por ser solo ello –preferencias- no tienen el peso para cambiar nuestras leyes.

¿Por qué no se les concede el matrimonio si ellos dicen que no les hacen un daño a la sociedad?

El matrimonio está consagrado en las leyes como la unión entre un hombre y una mujer. El matrimonio -entre otros fines- persigue la perpetuidad de la especie; la adopción es una alternativa para las parejas que no pueden hacerlo, sin embargo dos personas del mismo sexo no son idóneos para la cría y educación de los niños, que carecerían de referente paterno/masculino o materno/femenino lo cual se da por naturaleza gracias a las diferencias biológicas, sociales y psíquicas del padre y la madre.

A las parejas del mismo sexo, les preocupa mucho el estado de indefensión en las que caen al no tener la protección del matrimonio, ¿Por qué evitar que se casen?

Si lo que se busca es la protección de otra persona, nuestras leyes contemplan diversas figuras como la celebración de contratos civiles, en los cuales cualquier persona puede acudir ante un abogado y legar sus bienes a favor de otros, por lo que respecta a la seguridad social, quizá sería más fácil promover una iniciativa que reforme la Ley del Seguro Social que le permita a cada asegurado elegir quién puede ser su beneficiario, mientras tanto cualquier persona puede celebrar con las aseguradoras contratos que los protejan de gastos médicos, seguros académicos, de vida, etc.

¿Por qué no estamos de acuerdo en que las parejas del mismo sexo puedan adoptar hijos?

El primer fundamento lo encontramos en las leyes que protegen a la niñez, todo niño tiene derecho a tener un padre y una madre para su sano desarrollo integral que va más allá de solamente proveer techo, comida, estudios, vestido y amor.
La adopción es un derecho de la niñez no de los padres que pretenden adoptar, es por ello que en busca del bien supremo del menor las autoridades son muy estrictas a la hora de encontrarle un hogar a cada pequeño.

¿Estamos de acuerdo con La Ley de Sociedades de Convivencia (D.F.) ó el Pacto Civil de Solidaridad (Coahuila)?

Ambas figuras jurídicas nacieron por insistencia de la comunidad gay, pues puede ser celebrado por dos personas de igual o distinto sexo, con lo cual no forman un matrimonio sino se consideran convivientes, el problema que encierra esta figura es que uno de los derechos que le otorga la ley a los convivientes es el que después de 5 años de dicha convivencia la figura jurídica se equipara al concubinato y con ello se permitiría la adopción por personas del mismo sexo.

Por tanto en lo que no estamos de acuerdo es con que las parejas del mismo sexo puedan adoptar por el daño a terceros que conlleva.

Estamos a tus órdenes en: iniciativaporlafamilia@gmail.com

Propuesta sin sustento legal

2009-01-18T15:45:00.000-08:00

(*Publicado en el Diario de Yucatán el 16 de enero de 2009. Sección Local. Página Editorial).

Uniones del mismo sexo

¿Una necesidad social?

Jorge Carlos ESTRADA AVILES

En días pasados el Diario de Yucatán ha estado dando cuenta de una iniciativa que algunas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos están impulsando para reformar la Constitución Política y los Códigos Civil y del Registro Civil del Estado de Yucatán, a fin de reconocer expresamente en estas disposiciones legales la posibilidad de legislar y reconocer la unión de personas del mismo sexo, confiriendo a éstas el mismo estatuto legal del matrimonio.

Esta propuesta va más allá de lo existente en entidades consideradas más proclives a este tipo de legislaciones, como Coahuila y el Distrito Federal, donde existe la posibilidad de las uniones de personas del mismo sexo bajo la forma de “pacto civil de solidaridad” o de “sociedades de convivencia”, pero sin llegar a equiparar estas uniones al matrimonio sino a una especie o forma de concubinato.

Es importante considerar que toda propuesta de cambio legislativo debe necesariamente estar soportada o apoyada por los elementos que justifiquen dicho cambio y, respecto de la iniciativa dada a conocer, debemos analizar en el aspecto legal si la cita de declaraciones, convenciones y principios como argumentos justificativos de su propuesta, tienen el sustento legal necesario para ser tomadas en consideración.

En primer término debemos los ciudadanos yucatecos y especialmente los diputados local saber, que ninguna de las declaraciones y convenciones citadas en la iniciativa reconocen el derecho de las personas del mismo sexo a unirse legalmente ni tampoco obligan a los Estados a reconocerlas y mucho menos puede obligar a otorgarle a dicha unión el estatuto de matrimonio, lo que no consta ni aparece en ninguna de las declaraciones y convenciones que dicha iniciativa cita tales como las Declaraciones Universal y Americana de Derechos Humanos, o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y los Económicos, Sociales y Culturales o la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

Del mismo modo, la iniciativa en comento se apoya ampliamente, transcribiendo partes que presentan como si se tratasen de artículos de una ley, tratado o convención internacional, en lo que denominan como “Principios de Yogyakarta” respecto de los cuales los proponentes afirman que tales principios son una norma de derecho internacional.

Podemos afirmar que tales “Principios de Yogyakarta” no constituyen ni pueden tener el carácter de una norma y por ende estimarla con valor legal para ser considerada como tal, ya que para ello se requeriría que los citados principios hubieran sido creados en el seno de un organismo internacional y además suscritos o adoptados por algún país, requisitos necesarios para que pudieran tener fuerza u obligatoriedad y de los que los citados principios carecen en absoluto.

La realidad es que un grupo de 29 personas con intereses afines, sostuvo una reunión privada en la Universidad de Gadjah Mada en Yogyakarta, Indonesia, del 6 al 9 de noviembre de 2006, adoptando dichas personas - no países ni organismos internacionales - una serie de principios que ellos estimaron relevantes y autodenominaron como “Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género” sin ninguna fuerza vinculante ya que no constituye una convención o tratado ni formal ni legalmente.

Vistas así las cosas, podemos concluir, en el aspecto estrictamente jurídico que la propuesta presentada no tiene sustento alguno y lo que es más preocupante contiene afirmaciones que pueden crear confusión o engaño a la sociedad y a los legisladores a quienes parece dirigirlas.

En nosotros está hacer un análisis serio y a fondo de un tema que va más allá de simplemente las uniones de personas del mismo sexo y que es el relativo a la familia, respecto de la cual la iniciativa dice expresamente que no se ataca, pero que permitiría, por ejemplo, adoptar a niños por dichas personas del mismo sexo legalmente unidas.

Respecto al curso de la iniciativa ciudadana y la supuesta obligatoriedad del apoyo a la iniciativa presentada, nos ocuparemos en posterior colaboración.

J.C.E.A.

Legislacion protectora de la familia, el matrimonio y los niños

2009-01-18T15:15:00.000-08:00

MARCO JURIDICO APLICABLE A LA PROTECCION DE LA FAMILIA, EL MATRIMONIO, LA NIÑEZ Y LA ADOPCION

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989. Organización: ONU
Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49.
México lo ratifica el 21 de Noviembre de 1990

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales,
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad,

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión,

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad,

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño,

La Declaración de los Derechos del Niño reconoce que: "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento".

Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Artículo 21
Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:
a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000

Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.
Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:
A. El del interés superior de la infancia.
B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.
C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.
D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.
E. El de tener una vida libre de violencia.
F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad.
G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.

Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.
Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN
Publicada en el Diario Oficial del Estado el 14 de enero de 1918

Artículo 1.- Todos los habitantes del Estado de Yucatán, gozarán de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las derivadas de los Acuerdos o Tratados Internacionales, en los que el Estado Mexicano sea parte, y las establecidas en esta Constitución.

Tratándose de niñas, niños y adolescentes, las leyes garantizarán la protección de sus derechos humanos y garantías constitucionales con base en los principios de interés superior y protección integral. Esta Constitución reconoce como derechos de los infantes los previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y demás Tratados Internacionales ratificados por el Senado de la República.

Se garantizará el desarrollo pleno e integral de las niñas, niños y adolescentes, mediante el fomento del respeto a los derechos de la infancia y la cultura de su protección.

Artículo 3.- Todos los habitantes del Estado están obligados a:
I.- Cumplir con las Leyes vigentes y a respetar y obedecer a las autoridades legítimamente constituidas;
II.- Contribuir a los gastos públicos del Estado como del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa, que dispongan las leyes que establezcan contribuciones, que para tal efecto expida el Congreso del Estado.
III.- Prestar los servicios que las Leyes prescriban, considerándose como tales los servicios que las autoridades requieran, con arreglo a las Leyes, en casos de epidemia, guerra, siniestro o cualquiera otra contingencia grave;
IV.- Inscribirse en el padrón de su municipalidad manifestando la propiedad que tengan, o la industria, profesión o trabajo de que subsistan; y
V.- Corresponsabilizarse con el Estado en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conforme a las leyes, así como hacer que sus hijos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria.

Artículo 94.- El matrimonio es una institución jurídica dirigida a organizar la reproducción humana en el sentido de lograr generaciones física e intelectualmente capacitadas para la convivencia. El Estado reconoce que es de vital interés para la sociedad que en la unión de hombre y mujer para la procreación, se establezcan límites en cuanto a edad y salud física y psíquica, para evitar la degeneración de la especie. Se procurará la instalación de clínicas gratuitas para difundir los principios de la higiene sexual y para la esterilización voluntaria de quienes por sus antecedentes personales se reconozcan en peligro de engendrar seres débiles o anormales.

LEY PARA LA PROTECCION DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE YUCATAN
Publicada en el Diario Oficial del Estado el 9 de Agosto de 1999.

ARTÍCULO 2. La familia es el agregado social constituido por personas ligadas por el parentesco y con un domicilio común, y constituye la base de la estructura de la organización y desarrollo de la sociedad, por lo que el Estado le otorgará consideración preferente al momento de elaborar y ejecutar políticas, planes y programas de gobierno.

ARTÍCULO 6. Para efectos de esta Ley, se entiende por protección de la familia, al conjunto de disposiciones, mecanismos y acciones tendientes a garantizar el fomento de los valores sociales, culturales, morales y cívicos en el seno familiar, así como la integración y convivencia armónica entre sus miembros, en un clima de respeto a sus derechos y el desarrollo de las potencialidades de cada uno de sus integrantes.

CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE YUCATAN
Decreto Número. 622
Publicado en fecha 31 de diciembre de 1993

CAPITULO III
Del Matrimonio
Sección Primera
Disposiciones Generales
Artículo 54.- El matrimonio es la unión voluntaria entre un solo hombre y una sola mujer, basada en el amor y sancionada por el Estado, para fundar una familia, perpetuar la especie y darse recíprocamente compañía, ayuda y asistencia.

TITULO TERCERO
DEL PARENTESCO Y DE LOS ALIMENTOS
CAPITULO I
Del Parentesco
Artículo 216.- La ley no reconoce más parentesco que los de consanguinidad, afinidad y civil.
Artículo 217.- El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor.
Artículo 218.- El parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio, entre el varón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón.
Artículo 219.- El parentesco civil es el que nace de la adopción. En la adopción simple el parentesco sólo existe entre el adoptante y el adoptado. En el caso de la adopción plena, el parentesco existe entre el adoptante, el adoptado y los familiares consanguíneos de éste.

CAPITULO IV
De la Adopción
Sección Primera
Disposiciones Generales
(Reforma por Decreto 593 16.Mayo.05)
Artículo 309.- La adopción es un acto jurídico que se establece por resolución judicial. Tiene por objeto, entre otros, la protección de la persona del menor o interdictado mediante su integración a una familia, y por virtud del mismo, se crea entre el adoptante y el adoptado la misma filiación legítima que existe entre padres e hijos.
(Reforma por Decreto 593 16.Mayo.05)
Artículo 309 A.- La adopción será Plena preferentemente, no obstante, atendiendo al interés superior de la persona que se pretende adoptar y buscando la idoneidad de los adoptantes, el Juez podrá establecer la adopción Simple, cuando se le proporcione los elemento suficientes para ello.
La adopción Simple podrá ser Plena, cuando se acredite que ha desaparecido la causa que la motivó.
(Reforma por Decreto 593 16.Mayo.05)
Artículo 316 A.- Para que la adopción pueda determinarse, se requiere sea benéfica y atienda al interés superior del adoptado. Los adoptantes deberán acreditar los siguientes requisitos:
I.- Tener medios bastantes para proveer debidamente la subsistencia, educación y cuidado de la persona que se pretenda adoptar;
II.- Su aptitud e idoneidad para desempeñar las funciones paternas;
III.- Tener veinte años más que el menor o interdictado por adoptar;
IV.- Estar casados entre sí o vivir en concubinato, y que dichas relaciones hayan tenido una duración mínima de cinco años ininterrumpidos y bien avenidos, según criterio del juzgador.
V.- Ser Mayor de veinticinco años, soltero, y en pleno ejercicio de sus derechos.
VI.- Ser de buenas costumbres.
La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, vigilará y dictaminará sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Artículos, de conformidad con lo establecido en el Libro Tercero, Título Único, Capítulo VIII del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. El Juez deberá evaluar el referido dictamen, antes de emitir su resolución sobre la procedencia y forma de adopción, previa vista al Ministerio Público.

Propuesta de reconocimiento de matrimonios homosexuales

2009-01-18T15:08:00.000-08:00

Las ciudadanas y los ciudadanos abajo firmantes, con fundamento en lo establecido por los artículos 16, Apartado A, fracción II, cuarto párrafo; 35 fracción V y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del estado de Yucatán, y 1, 58, 60, 62 fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley de Participación Ciudadana que regula el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular en el estado de Yucatán, señalando como domicilio legal el ubicado en___________________________ ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, LOS ARTÍCULOS 54, LAS FRACCIONES IV Y VI DEL 69, EL 87, 88, LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL 111, LA FRACCIÓN V DEL 194, EL 201, 218, 229, 246, 283, 284, LA FRACCIÓN I DEL 327, EL 375, EL 384, LAS FRACCIONES IV Y VII DEL 2226, EL 2290, 2476, 2491, 2492 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 247 TODOS DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y REFORMA EL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE YUCATÁN, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

Exposición de motivos.

No estamos legislando, Señorías, para gentes remotas y extrañas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos y para nuestros familiares, y a la vez estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. (Extracto del discurso del Presidente del Gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, en el pleno del Congreso antes de la aprobación de la reforma del Código Civil que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo).

El mismo sentimiento de perplejidad y desprecio que despiertan hoy en nosotros las sociedades y las legislaciones que prohibían los matrimonios interraciales o interreligiosos será el que mañana se profese hacia nuestro tiempo por prohibir los matrimonios homosexuales. (José Miguel Sánchez Tomás, magistrado del Tribunal Constitucional español)

El estado de Yucatán ha ido transitando, a la par del resto del país, hacia una democracia en la que se reconoce el pluralismo y se acepta la diversidad política. Hemos ido construyendo leyes e instituciones para modificar reflejos autoritarios por formas de reacción tolerantes hacia expresiones políticas diferentes. Ha llegado la hora de extender esta democratización también a otros aspectos de la vida social. El reto que enfrentamos hoy es reconocer, aceptar y garantizar la pluralidad social. Así como hemos sido capaces de ir perfeccionando el sistema político y las leyes electorales, así debemos buscar ahora el pleno reconocimiento y el pleno respeto a la diversidad social, que incluye la diversidad sexual.

Durante los últimos años hemos sido testigos de una transformación en las formas de convivencia en todo el país. Esta situación es reflejo de los profundos cambios que los modelos de convivencia van experimentando en todo el mundo debido, en gran medida, a la redefinición de las relaciones entre los géneros, a la conquista de derechos civiles y sociales y a un combate cada vez más mundializado contra la discriminación.

La relación y convivencia entre las personas, basada en el afecto, es una expresión de la naturaleza humana y constituye cauce destacado para el desarrollo de la personalidad. La posibilidad de su realización plena es, por tanto, parte consustancial de la dignidad humana defendida por nuestra Carta Magna en su artículo 2º. En consonancia con ello, una manifestación señalada de esta relación, como es el matrimonio, viene reglamentada en nuestras leyes.

El derecho a contraer matrimonio, sin embargo, debe ser revisado y desarrollado en cada momento histórico por el legislador para determinar, de acuerdo con el principio de no discriminación establecido en nuestra Constitución, la capacidad exigida para contraer matrimonio, así como su contenido y régimen jurídico.

La regulación del matrimonio en el derecho civil contemporáneo ha reflejado los modelos y valores dominantes en las sociedades europeas y occidentales. Su origen radica en el Código Civil francés de 1804, del que se derivan la mayor parte de nuestras legislaciones al respecto. En este contexto, el matrimonio se ha configurado como una institución, pero también como una relación jurídica que tan sólo ha podido ser establecida entre personas de distinto sexo; de hecho, en tal diferencia de sexo se ha encontrado tradicionalmente uno de los fundamentos del reconocimiento de la institución por el derecho del Estado y por el derecho canónico. Por ello, los códigos de los dos últimos siglos, reflejando la mentalidad dominante, no precisaban prohibir, ni siquiera referirse, al matrimonio entre personas del mismo sexo, pues la relación entre ellas en forma alguna se consideraba que pudiera dar lugar a una relación jurídica matrimonial.

No puede, sin embargo, el legislador ignorar lo evidente: que la sociedad evoluciona en el modo de conformar y reconocer los diversos modelos de convivencia, y que, por ello, el legislador puede, incluso debe, actuar en consecuencia, y evitar toda quiebra entre el Derecho y los valores de la sociedad cuyas relaciones ha de regular. En este sentido, no cabe duda de que la realidad social de México y de Yucatán deviene mucho más rica, plural y dinámica conforme pasan los años. La convivencia como pareja entre personas del mismo sexo basada en la afectividad ha sido objeto de reconocimiento y aceptación social creciente, y ha superado arraigados prejuicios y estigmatizaciones. En nuestro país hay ya dos entidades federativas, el Distrito Federal y el estado de Coahuila, que ofrecen cierta cobertura legal a este tipo de uniones a través de las Sociedades de Convivencia en el primer caso, y del Pacto Civil de Solidaridad en el segundo. Estos cambios legales se han alcanzado porque se va admitiendo cada vez más que esta convivencia en pareja es un medio a través del cual se desarrolla la personalidad de un amplio número de personas, convivencia mediante la cual se prestan entre sí apoyo emocional y económico.

Con esta iniciativa de cambios legislativos se reconoce también la nueva pluralidad que se manifiesta a través de los cambios registrados en los modelos de convivencia. Aunque no existe registro estadístico oficial a propósito de hogares constituidos por parejas del mismo sexo, dado que ni los censos de población y vivienda oficiales, ni las investigaciones sociodemográficas toman en cuenta este tipo de relaciones sociales, la Sociedad Mexicana de Sexología Humanista Integral (SOMESHI), coincide en afirmar, al igual que numerosas investigaciones a escala internacional, que entre un 15 y un 20% de la población ha tenido o tiene parejas del mismo sexo.

En nuestro país está garantizado constitucionalmente el derecho a la no discriminación. Así lo establece la ley suprema de toda la Unión cuando, en el tercer párrafo de su artículo primero, sostiene:

Artículo 1…
…
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Y la norma fundamental del estado de Yucatán establece, en su artículo segundo, que:

Artículo 2. El Estado de Yucatán por medio de sus Poderes Públicos y Organismos Autónomos, garantizará a toda persona que se encuentre en su territorio el respeto de sus derechos y prerrogativas referidos en el artículo anterior.

Queda prohibida toda discriminación por raza, origen étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición física, social, económica o lingüística, preferencias, filiación, instrucción, religión, ideología política, o cualquier otra que menoscabe la dignidad humana, los derechos y libertades de las personas…

La historia evidencia una larga trayectoria de discriminación basada en la orientación o preferencia sexual, discriminación que el legislador ha decidido remover. El establecimiento de un marco de realización personal que permita que aquellos que libremente adoptan una opción sexual y afectiva por personas de su mismo sexo puedan desarrollar su personalidad y sus derechos en condiciones de igualdad se ha convertido en exigencia de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro tiempo, una exigencia a la que las modificaciones legislativas que se proponen en esta iniciativa trata de dar respuesta.

El derecho que toda persona tiene a contraer matrimonio y formar una familia está pronunciado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

La legislación internacional da pasos acelerados en su adaptación a los cambios que va sufriendo la conciencia colectiva. Son cada vez más los países que van adoptando en sus leyes el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto se deriva de la convicción de que el legislador, al configurar la normatividad que rige el matrimonio, no está limitado por ninguna prohibición para regular la relación de pareja de una forma diferente a la que haya existido hasta el momento y que es necesario dar cabida en el marco legal a las nuevas formas de relación afectiva. Solamente así los principios de igualdad efectiva entre todos los ciudadanos y ciudadanas, de preservación de la libertad en cuanto a orientación y preferencias sexuales y formas de convivencia se refiere, y la instauración de un marco de igualdad real en el disfrute de los derechos sin discriminación alguna por razón de sexo, opinión o cualquier otra condición personal o social, garantizados por nuestra ley fundamental en el nivel federal y en el nivel local, se verán reflejados en la regulación de las normas que delimitan el estatus del ciudadano, en un Yucatán libre, pluralista y abierto.
En nuestro orden jurídico, la expresa prohibición a la discriminación sostenida, tanto en la Constitución General de la República, como en la Constitución del estado, se encuentra reforzada por diversas declaraciones, convenciones y pactos internacionales que, en virtud del artículo 133 constitucional, son ley suprema de la unión y obligan a los poderes públicos a realizar las modificaciones correspondientes para armonizar la legislación nacional.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en sus artículos 2 y 7, así como en el artículo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se encuentra la garantía de plenos derechos y libertades a toda persona sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
La igualdad ante la ley y el reconocimiento de la personalidad jurídica constituyen también compromisos del Estado Mexicano, por haber suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Además, desde 1975 México ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la cual obliga al Estado Mexicano a sancionar cualquier acto que atente contra el principio de igualdad y a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación contra persona alguna o grupo social.
Por si estos antecedentes no bastaran, en diciembre de 2000, México firmó un Acuerdo de Cooperación Técnica con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que contó de dos fases. En la primera, se elaboró el Diagnóstico sobre la situación de derechos humanos en México 2003, que sirvió de base para conocer los desafíos urgentes que enfrenta el país. En este Diagnóstico, se recomendó elaborar reformas a la “Ley General de Salud, del ISSSTE, IMSS y del Trabajo, para que las parejas del mismo sexo puedan gozar de las mismas prestaciones y servicios que aquellas formadas por personas de sexo diferente”.
En su segunda etapa, el Acuerdo de Cooperación Técnica, dio lugar a la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, el cual contiene propuestas de reforma en materia legislativa y de políticas públicas, para que México se coloque a la vanguardia de las transformaciones sociales actuales y del reconocimiento a nivel internacional de los principios de igualdad y no discriminación.
Sin lugar a dudas, la norma internacional más avanzada en materia del reconocimiento de los derechos de personas homosexuales y lesbianas son los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género. Se trata, según las prestigiadas organizaciones internacionales Human Rights Watch y el Centro Para el Liderazgo Global de la Mujer, de “un conjunto revolucionario de principios sobre orientación sexual, identidad de género, y legislación internacional, que marcan un precedente en la lucha por los derechos humanos fundamentales y por la igualdad de género”.

Estos principios establecen estándares básicos de cómo los gobiernos deben tratar a las personas cuyos derechos a menudo son negados, o aquellas cuya dignidad está siendo violentada de forma frecuente. Estos principios consagran un precedente y una idea muy simple pero firmemente establecida por la ley: los derechos humanos no admiten excepciones.

Los principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género, fueron adoptados en una reunión de especialistas en legislación internacional realizada en Yogyakarta, Indonesia, en noviembre de 2006. Estos principios, ratifican los estándares legales de cómo los gobiernos y otros actores podrían detener la violencia, abuso y discriminación ejercida contra lesbianas, homosexuales, bisexuales, y personas transgénero, a fin de asegurar una igualdad plena.

El grupo de especialistas que están presentando estos principios estuvo conformado por un Ex Alto Comisionado de Derechos Humanos, especialistas independientes de Naciones Unidas, integrantes de los órganos de Naciones Unidas que dan seguimiento a los tratados, jueces/as, activistas y académicos/as. Human Rights Watch formó parte del secretariado, apoyando el trabajo de los expertos que desarrollaron los principios. El Centro para el liderazgo Global de la Mujer fue integrante del comité consultivo del secretariado.

Los principios de Yogyakarta fueron desarrollados en respuesta a los bien documentados patrones de abuso perpetrados contra millones de personas en todo el mundo debido a su preferencia u orientación sexual o a su identidad de género real o percibida, y entre otras cosas, establecen la necesidad de que los Estados:
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PRINCIPIO 2. Los derechos a la igualdad y a la no discriminación

Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.
Todas las personas tienen derecho a ser iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley, ya sea que el disfrute de otro derecho humano también esté afectado o no. La ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación.

La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por resultado la anulación o el menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género puede verse y por lo común se ve agravada por la discriminación basada en otras causales, incluyendo el género, raza, edad, religión, discapacidad, estado de salud y posición económica.

Los Estados:
A. Si aún no lo hubiesen hecho, consagrarán en sus constituciones nacionales o en cualquier otra legislación relevante, los principios de la igualdad y de la no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, inclusive por medio de enmienda e interpretación, y velarán por la efectiva realización de estos principios;
B. Derogarán todas las disposiciones penales y de otra índole jurídica que prohíban o de hecho sean empleadas para prohibir la actividad sexual que llevan a cabo de forma consensuada personas del mismo sexo que sean mayores de la edad a partir de la cual se considera válido el consentimiento, y velarán por que se aplique la misma edad de consentimiento para la actividad sexual entre personas del mismo sexo como y de sexos diferentes;
C. Adoptarán todas las medidas legislativas y de otra índole que resulten apropiadas para prohibir y eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en las esferas pública y privada;
D. Adoptarán todas las medidas apropiadas a fin de garantizar el desarrollo adecuado de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, según sean necesarias para garantizarles a estos grupos o personas el goce o ejercicio de los derechos humanos en igualdad de condiciones. Dichas medidas no serán consideradas discriminatorias;
E. En todas sus respuestas a la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, tendrán en cuenta la manera en que esa discriminación puede combinarse con otras formas de discriminación;
F. Adoptarán todas las medidas apropiadas, incluyendo programas de educación y capacitación, para alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas prejuiciosas o discriminatorias basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
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PRINCIPIO 24. El derecho a formar una familia

Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Existen diversas configuraciones de familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes.

Los Estados:
A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el derecho a formar una familia, incluso a través del acceso a adopción o a reproducción asistida (incluyendo la inseminación por donante), sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
B. Velarán por que las leyes y políticas reconozcan la diversidad de formas de familias, incluidas aquellas que no son definidas por descendencia o matrimonio, y adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesarias para asegurar que ninguna familia sea sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes, incluso en lo que respecta al bienestar social y otros beneficios relacionados con la familia, al empleo y a la inmigración;
C. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de garantizar que en todas las medidas o decisiones concernientes a niñas y niños que sean tomadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial sea el interés superior del niño o la niña y que la orientación sexual o identidad de género del niño o la niña o la de cualquier miembro de la familia u otra persona no sea considerada incompatible con ese interés superior;
D. En todas las medidas o decisiones concernientes a niñas y niños, velarán por que un niño o niña que esté en condiciones de formarse un juicio propio pueda ejercer el derecho de expresar sus opiniones con libertad y que estas sean debidamente tenidas en cuenta en función de la edad y madurez del niño o la niña;
E. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que en aquellos Estados que reconocen los matrimonios o las sociedades de convivencia registradas entre personas de un mismo sexo, cualquier derecho, privilegio, obligación o beneficio que se otorga a personas de sexo diferente que están casadas o en unión registrada esté disponible en igualdad de condiciones para personas del mismo sexo casadas o en sociedad de convivencia registrada;
F. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de garantizar que cualquier obligación, derecho, privilegio o beneficio que se otorga a parejas de sexo diferente no casadas esté disponible en igualdad de condiciones para parejas del mismo sexo no casadas;
G. Asegurarán que el matrimonio y otras sociedades de convivencia reconocidas por la ley se contraigan únicamente mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros cónyuges o parejas.

De conformidad con esta norma de carácter internacional es indispensable que los Estados establezcan medidas para erradicar todo tipo de discriminación por razón de preferencia u orientación sexual, dentro de las cuales es preciso incluir la necesidad de modificar la legislación civil de tal manera que se reconozca el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio y fundar una familia.

No obstante, y a pesar de que en México se han dado pasos importantes para corregir discriminaciones fuertemente arraigadas en nuestra sociedad, de la existencia de leyes nacionales e internacionales cada vez más protectoras y reivindicativas de determinados derechos y grupos sociales, de acuerdo con la Primera Encuesta Nacional sobre la discriminación 2005, el 94 por ciento de las personas homosexuales se perciben discriminadas, dos de cada tres indican que no se han respetado sus derechos, y para el 70 por ciento de las personas homosexuales la discriminación ha aumentado en los últimos cinco años. En realidad, la garantía constitucional de igualdad de trato y prohibición de discriminación es violentada cotidianamente. Es importante decirlo con claridad, las personas de preferencia u orientación sexual distinta a la heterosexual, enfrentan situaciones de segregación social, falta de oportunidades, violación a sus derechos humanos, políticos, sociales, económicos y culturales, incluso son frecuentemente víctimas de crímenes de odio por motivos de homofobia y lesbofobia. En este punto es preciso recordar que Yucatán es uno de los estados de la República con mayor número de crímenes de odio por homofobia, que, según declaraciones realizadas por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán en 2007, ocupa el cuarto lugar nacional en este tipo de crímenes, solamente detrás del Distrito Federal, Estado de México y Veracruz (http://anodis.com/nota/9218.asp)
De manera que, a pesar de los avances referidos en el derecho internacional y nacional, existen en Yucatán personas que eligen a parejas del mismo sexo, que siguen siendo jurídicamente inexistentes, creándose situaciones de injusticia y desigualdad en el ejercicio de derechos humanos. Una de las causas fundamentales de este hecho es que, a pesar de la existencia de un andamiaje constitucional e internacional que obliga a no discriminar y a establecer medidas para equiparar los derechos de las personas homosexuales, dichas obligaciones no han bajado al ámbito de la normatividad ordinaria, es decir, no se ha legislado para que en esos ámbitos de la vida cotidiana, homosexuales y heterosexuales tengan igualdad de oportunidades y accedan a los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por tanto, hay un déficit en la labor legislativa que es indispensable subsanar para dar cumplimiento a los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad internacional.
Esta propuesta de cambios legislativos quiere subsanar este vacío legal y es también una respuesta a todas las personas y colectivos que han venido defendiendo la plena equiparación en derechos para todos con independencia de su preferencia u orientación sexual, realidad que requiere un marco que determine los derechos y obligaciones de todos cuantos formalizan sus relaciones de pareja. Este proyecto de modificaciones legales es un paso, pues, en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

La reforma que por esta vía se propone pretende modificar diversos artículos de tres normas estatales para garantizar que aquellas personas del mismo sexo que deseen formalizar su relación ante el estado puedan hacerlo sin ninguna traba ni limitación, es decir, para que puedan acceder al matrimonio y a fundar una familia.

Como primer paso para lo anterior es preciso adecuar lo establecido en el artículo 94 de la Constitución Política del estado de Yucatán. Dicho precepto, en su redacción actual, resulta, no sólo discriminatorio y excluyente para aquellas personas del mismo sexo que pretendan formalizar su unión ante el estado y formar una familia, sino también para diversos sectores sociales como podrían ser las mujeres, o quienes padecieran determinada enfermedad, alguna discapacidad, situación de infertilidad o cualquier otra.

Cuando dicho precepto hace referencia, en su primera parte, al matrimonio como la institución jurídica dirigida a organizar la reproducción humana y que es de vital interés para la sociedad …la unión de hombre y mujer para la procreación se condiciona el matrimonio a la procreación, excluyendo, no sólo a las personas del mismo sexo que quieran formalizar su unión ante el estado, sino también a parejas heterosexuales que, por diversos motivos, no quieren o no pueden tener hijos: las parejas infértiles, las personas que por motivos fisiológicos no pueden engendrar, las personas de la tercera edad que desean unirse en matrimonio o simplemente a aquellas personas que, queriendo casarse, no desean tener hijos. Implica también una discriminación hacia aquellas personas que desean tener hijos sin unirse en matrimonio, pues establece que sólo el matrimonio es la vía legítima para poder procrear. También discrimina a la mujer, pues le establece el único rol de ser madre, contraviniendo todos los avances que en materia de no discriminación hacia la mujer se han dado a nivel internacional, nacional y estatal. En pocas palabras, la redacción actual del artículo 94 de la Constitución centra la figura del matrimonio como un medio para conservar la especie, dejando a un lado lo esencial, que es la voluntad de dos personas de formalizar su unión ante el estado basado en el respeto, el amor, etc.

En su segunda parte, la redacción del artículo 94 pareciera tener como objetivo del estado excluir a las personas con discapacidad, cuando hace referencia a seres débiles o anormales motes impropios y discriminadores en estas épocas en las que el combate a todo tipo de discriminación ha sido una prioridad a nivel nacional e internacional.

La redacción actual del artículo 94 de la constitución local es más propia de regimenes autoritarios y racistas, proclives a la eliminación de todo aquello que no sea puro, que de un régimen democrático en donde todos y todas, independientemente de su condición social, sexual, física o de cualquier otra índole, estén incluidos y protegidos por el estado.

En ese tenor, se propone un cambio radical de la redacción del artículo 94 para establecer, más que limitaciones a la figura del matrimonio, un nuevo concepto en el que todas y todos queden incluidos. Es decir, que sea una figura que verdaderamente contribuya a proteger a quienes deciden acceder a él, eliminando cualquier vestigio de discriminación o exclusión. Por tanto se propone una redacción que enfatice, por una parte, que el Estado sea garante de las uniones habidas en matrimonio, eliminando cualquier limitación por razón de preferencia u orientación sexual, pero también cualquier rol que sea discriminatorio para determinados sectores, como la mujer. En congruencia con los nuevos tiempos, el matrimonio ya no se puede sostener únicamente como figura que garantice la perpetuación de la especie, sino como proyecto de vida en común, con posibilidades de formar una familia, haciéndolas sujetos de derechos y obligaciones, con un afán de proteger a los miembros de la pareja y a los hijos, en caso de que los hubiera, ante la posibilidad de separación, divorcio o disolución del vínculo por muerte.

En otro sentido, la nueva propuesta de redacción pretende modificar el lenguaje que hace referencia a la degeneración de la especie, o a la existencia de seres débiles o anormales para plasmar una serie de derechos que se derivan del acto de la procreación: asistencia a la madre, al niño o niña, prerrogativas laborales en el período del parto y los primeros meses de crianza., así como la obligación de proporcionar a las parejas de distinto sexo toda la información que requieran para tener un proceso procreativo sano, tanto para la madre, como para los niños y niñas.

En el segundo artículo del presente proyecto de decreto, se pretenden reformar diversas disposiciones del Código Civil del estado de Yucatán para garantizar, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la Constitución del estado de Yucatán, y los diversos Tratados Internacionales que prohíben la discriminación, particularmente lo establecido en los principios de Yogyakarta, que todas aquellas personas homosexuales y lesbianas que pretendan legalizar su unión ante el estado, puedan hacerlo sin ningún tipo de restricción.

Como primer paso de lo anterior es indispensable reformar lo establecido en el artículo 54 del Código Civil, de tal manera que se modifique el concepto tradicional de matrimonio, de ser exclusivo a la unión entre un hombre y una mujer, para que se reconozca la posibilidad de que esta unión pueda ser entre personas del mismo o de distinto sexo. Con esta simple modificación se erradican años de discriminación y exclusión y se abre la posibilidad para que parejas del mismo sexo puedan formalizar su unión ante el estado y formar una familia sin ninguna distinción ni cortapisa, una posibilidad que, dicho sea de paso, no afecta en nada a los matrimonios ni parejas heterosexuales. Se trata pues, de de un acto de justicia o como lo señala George Lakoff “Muchos activistas gays quieren algo más que uniones civiles. Desean un matrimonio completo, con todos sus significados culturales –un compromiso público fundado en el amor, todas sus metáforas, sus rituales, alegrías, penas, experiencias familiares-, y en un sentido de normalidad idéntico al experimentado por los demás. Se trata para ellos de un problema de libertad personal: el estado no debería decidir quién se debe casar con quién. También es un problema de dignidad humana. La igualdad ante la ley incluye beneficios sociales, culturales y también materiales. La consigna es, en este caso, libertad para contraer matrimonio…”

La reforma al artículo 54 implicaría que el resto de las modificaciones que se realizarían al Código Civil fueran únicamente de carácter semántico. Esto sucedería con las propuestas de reforma a los artículos 87, 88, el primer párrafo del artículo 111, el 194 fracción V, 218, 229, 283, 284, 375 y 384, en donde se sustituirían las palabras marido y mujer ó esposa y marido, por el de cónyuges como una medida para adecuar el lenguaje a las nuevas opciones que surgirían al incluir a las uniones del mismo sexo. La palabra cónyuge es frecuentemente utilizada en el Código Civil, por tanto la reforma sólo pretende modificar aquellos artículos en los que se mantiene la frase marido y mujer o esposa y marido, para homologar todo el lenguaje de la normatividad civil a la de cónyuges, en congruencia con las nuevas posibilidades que se abren al ampliar el matrimonio a las personas del mismo sexo y que harían que los diversos casos en donde se habla de los derechos y obligaciones de los matrimoniados no sean exclusivamente entre un marido y una mujer.

En el caso de las fracciones IV y VI del artículo 69 del Código Civil, la propuesta que aquí se presenta pretende también cambiar el lenguaje, pues al ampliarse el concepto de matrimonio, también se amplían las limitaciones que el Código Civil establece para que en determinados casos no se pueda acceder a esa figura, debiéndose adecuar a las nuevas situaciones que surjan con motivo de la incursión de las uniones de personas del mismo sexo. Así se sustituye la frase entre tío y sobrina y entre sobrino y tía establecida en la fracción IV del artículo 69, y la de raptor y raptada adoptada en la fracción VI de ese mismo precepto, por la de entre tíos y sobrinos y entre raptor y raptado respectivamente para garantizar que esos impedimentos para el matrimonio establecidos en el artículo 69 sean congruentes con las nuevas posibilidades que se generarán con la modificación de la figura del matrimonio. Aquí cabe enfatizar que cuando se habla de tíos y sobrinos y raptor y raptado, se hace referencia al término genérico, que incluye tanto al género masculino como al femenino.

Misma situación acontece con las propuestas para modificar el segundo párrafo del artículo 111, la fracción I del artículo 327, las fracciones IV y VII del artículo 2226, el artículo 2290, el 2476, el 2491 y el 2492 en donde se pretende sustituir las palabras padre y madre por la de padres, apelando nuevamente al término genérico de padres, entendido éste como cualquier hombre o mujer que tenga hijos, y en virtud de que la legalización del matrimonio para personas del mismo sexo trae aparejada la posibilidad de que dos hombres o dos mujeres puedan adoptar y formar una familia, las posibilidades ya no se reducen únicamente a una madre y un padre, razón por la cual es preciso utilizar la palabra padres como medio para incluir las nuevas posibilidades que surgirán y que éstas tengan los mismos derechos y obligaciones para con sus hijos.

Por último, el tercer artículo del presente proyecto de decreto, sugiere una reforma al artículo 41 del Código del Registro Civil del estado, para garantizar que la adopción pueda ser ejercitada por las diversas opciones que surgirán de la modificación del matrimonio. Así, al existir el matrimonio entre personas del mismo sexo, la posibilidad de adoptar no se reduce al marido y a la mujer, como lo establece la redacción actual del mencionado artículo 41. Por tanto se sugiere modificar la frase marido y mujer por la de cónyuges que abarca todas las opciones que se generarán y en donde dos mujeres o dos hombres unidos en matrimonio podrán, sin ninguna limitación adoptar a un niño y una niña, siempre y cuando cumplan con los requisitos actualmente existentes en la normatividad civil.

Finalmente es preciso insistir en que el matrimonio entre personas del mismo sexo es factible y una obligación del Congreso de estado de Yucatán porqué:

Las sociedades cambian. La modernidad implica, no sólo tener más centros comerciales, grandes avenidas, haciendas restauradas o nuevos malecones. Modernidad también significa entender las transformaciones que vive una sociedad y legislar para que dentro de las diferencias haya equidad. ¿Quién pensaría en estas épocas que hace 50 años la mujer no podía ejercer su derecho al voto en nuestro país? ¿Quién pensaría en nuestros días que en Estados Unidos los afroamericanos, hace apenas 40 años, no podían subirse a los mismos camiones que los blancos ni acceder en igualdad de circunstancias a la educación?. O cómo diría José Miguel Sánchez Tomás, magistrado del Tribunal Constitucional español: "El mismo sentimiento de perplejidad y desprecio que despiertan hoy en nosotros las sociedades y las legislaciones que prohibían los matrimonios interraciales o interreligiosos será el que mañana se profese hacia nuestro tiempo por prohibir los matrimonios homosexuales

No existe impedimento constitucional alguno. Por el contrario, existe una obligación de establecer normas que combatan las desigualdades. No equiparar los derechos de homosexuales y lesbianas a contraer matrimonio y fundar una familia significa confrontar lo establecido por el Congreso de la Unión al establecer la prohibición de discriminación en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese artículo de nuestra Ley Suprema establece claramente en su segundo párrafo que: Artículo 1… Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas... No legislar en este sentido significa hacer una diferenciación por una cuestión tan personal y propia como lo es la preferencia u orientación sexual. Es estigmatizar a quienes por determinada razón sienten atracción y amor hacia personas de su mismo sexo. Pero además es insistir en invisibilizar, es sancionar con la omisión, con el desprecio y el olvido a un sector social que ha sido especialmente agredido y vulnerado por motivos de su orientación sexual. No legislar a favor del matrimonio es fomentar la homofobia que tanto daño hace a la sociedad.

Es una obligación internacional. La prohibición de discriminación se encuentra contenida en diversos Pactos y Convenios Internacionales firmados y ratificados por México, que obligan a los Estados parte a establecer políticas públicas y medidas legislativas para erradicar actos de segregación y exclusión, como lo es la imposibilidad de que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. No legislar para erradicar la discriminación significa situar al Estado mexicano en un contexto de responsabilidad internacional.

Reconocer este derecho significa situar a la normatividad estatal a la altura de las sociedades más avanzadas. Holanda, Bélgica, España, Canadá y California y Massachussets en Estados Unidos, son algunos de los países y regiones que han reconocido el derecho al matrimonio para las personas del mismo sexo. Nadie puede negar que esos Estados sean altamente desarrollados en muchos aspectos, vanguardia en materia democrática y ejemplo a seguir en cuestión de efectividad de derechos, en buena medida porque han reconocido la pluralidad de sus sociedades y establecido medidas legislativas para lograr igualdad entre sus ciudadanos. El reconocimiento de derechos y la eliminación de situaciones que generan discriminación son piezas fundamentales para lograr el desarrollo de una sociedad. Una sociedad en la que todas y todos se sienten reconocidos, incluidos y respetados por el Estado y los conciudadanos es una sociedad que a la larga será más armoniosa, productiva, progresista, solidaria y educada. El ejemplo más claro de ello lo representa Sudáfrica, en donde hace 20 años se iniciaba todo un proceso social, político y legal para eliminar la política del apartheid que segregaba a la población negra, y hoy, en ese breve lapso histórico, no sólo se han logrado erradicar en buena medida las discriminaciones que afectaban a la población negra, sino que también se han dado pasos para reconocer, por medio de la legalización del matrimonio, a otro sector social tradicionalmente vulnerado y discriminado: los homosexuales.

No representa ninguna afectación ni riesgo para los heterosexuales. ¿En qué perjudica o cuál es el daño que se causa legalizando los matrimonios del mismo sexo a quienes no son homosexuales?. La equiparación de esta figura para quienes no son homosexuales o lesbianas no les agravia en nada, no lesiona sus derechos ni afecta sus propiedades, posesiones ni libertades. Por el contrario legislar a favor de la legalización de los matrimonios para las personas del mismo sexo es contribuir a diversificar, potenciar y dignificar una figura que cada día es más cuestionada por su talante conservador.

No afecta la familia. Por el contrario, la consolida, la diversifica. Pensar en que sólo existe un tipo de familia y que ese modelo de familia es el único que funciona es no estar acorde con la realidad. La reforma permitiría fortalecer la institución de la familia, al incluir en su ámbito relaciones personales que no contaban con su protección jurídica. Por ello, determinadas apelaciones a las esencias perpetuas de la familia y del matrimonio significan un retorno al esquema tradicional de la sociedad cerrada, que no hace tanto aún arrinconaba a las madres solteras o a las parejas de hecho.

Si se insiste en el matrimonio no es por agredir una figura, sino para enaltecerla. El establecimiento de Uniones de hecho o Pactos Civiles de Solidaridad como nuevas formas de relacionarse y comprometerse ante el Estado representan signos de modernidad y cambio, pero su inserción en la legislación estatal no es aceptable como paliativo para aquellas parejas del mismo sexo que quieran formalizar su unión ante el estado si de todas formas quedarán excluidas de la posibilidad de acceder al matrimonio. Todas las posibilidades para todos, todos los derechos para todas y todos; es decir que el concubinato, Pacto Civil, Matrimonio ó Unión de hecho sean posibilidades de las cuales no quede excluida ninguna persona por motivos de preferencia u orientación sexual. No es ético y no erradica la discriminación el que las parejas homosexuales sólo tengan derecho a unirse en un Pacto Civil de Solidaridad y los heterosexuales, además de esa opción, puedan decidir si acceden al matrimonio o al concubinato. Quien no cree en el matrimonio no se casará, pero no lo hará porque no quiere no porque no puede.

Es una exigencia ciudadana En muchas ocasiones hemos escuchado a las y los diputados solicitar a la sociedad que participe en la toma de decisiones de los asuntos públicos y en la tarea de legislar. Eso es lo que hoy se está haciendo al presentar una iniciativa ciudadana para homologar derechos y combatir la discriminación. Esta propuesta expresa no sólo una reivindicación de homosexuales y lesbianas, sino una exigencia de la ciudadanía que pretende contribuir a una sociedad más plural, participativa y en la que todas y todos tengan cabida y acceso a los derechos y obligaciones que establecen las leyes. Es una exigencia ciudadana que no puede ser soslayada por el legislador.

Por todo lo anterior, las ciudadanas y ciudadanos abajo firmantes, ponemos a consideración del Congreso del estado de Yucatán, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, LOS ARTÍCULOS 54, LAS FRACCIONES IV Y VI DEL 69, EL 87, 88, LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL 111, LA FRACCIÓN V DEL 194, EL 201, 218, 229, 246, 283, 284, LA FRACCIÓN I DEL 327, EL 375, EL 384, LAS FRACCIONES IV Y VII DEL 2226, EL 2290, 2476, 2491, 2492 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 247 TODOS DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y REFORMA EL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE YUCATÁN.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 94 de la Constitución Política del estado de Yucatán, para quedar como sigue:

Artículo 94. El matrimonio es una institución jurídica a través de la cual el Estado reconoce y otorga oficialidad a la unión libremente decidida entre dos personas, del mismo o de distinto sexo, con el propósito de tener un proyecto de vida en común y formar una familia, haciéndolas sujetos de derechos y obligaciones. Esta institución jurídica tiene como objetivo proteger a los miembros de la pareja y a los hijos, en caso de que los hubiera, ante la posibilidad de separación, divorcio o disolución del vínculo por muerte.
En el caso de matrimonios entre personas de distinto sexo, el Estado deberá garantizar los derechos que se derivan del acto de la procreación: asistencia a la madre, al niño o niña, prerrogativas laborales en el período del parto y los primeros meses de crianza. Deberá proporcionarse a las parejas de distinto sexo toda la información que requieran para tener un proceso procreativo sano, tanto para la madre, como para los niños y niñas.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 54, las fracciones IV y VI del 69, el 87, 88, los párrafos primero y segundo del 111, la fracción V del 194, el 201, 218, 229, 246, 283, 284, la fracción I del 327, el 375, el 384, las fracciones IV y VII del 2226, el 2290, 2476, 2491, 2492 y se deroga el artículo 247 Todos del Código Civil del estado de Yucatán, para quedar como sigue:

Artículo 54.- El matrimonio es la unión voluntaria entre dos personas del mismo o de diferente sexo, basada en el amor y sancionada por el estado, para fundar una familia, (se suprime perpetuar la especie) y darse recíprocamente compañía, ayuda y asistencia.
…

Artículo 69.- Son impedimentos para contraer matrimonio:
…
IV.- El parentesco de consanguinidad en línea colateral dentro del tercer grado, entre hermanos y medios hermanos, entre tíos y sobrinos (y entre sobrino y tía se suprime).
…
VI.- La fuerza o miedo graves. En caso de rapto subsiste el impedimento entre raptor y raptado, mientras éste no sea restituido a lugar seguro, donde libremente podrá manifestar su voluntad.

…

Artículo 87.- Los cónyuges menores de dieciocho años tendrán la administración de sus bienes; pero necesitarán autorización judicial para enajenarlos o gravarlos, y un tutor para sus negocios judiciales.

Artículo 88.- Los cónyuges durante el matrimonio, podrán ejercer los derechos y acciones que tengan el uno en contra del otro; pero la prescripción entre ellos no corre mientras dure el matrimonio.

…

Artículo 111.- Si de parte de ambos cónyuges hubiese habido buena fe, y a falta de convenio especial celebrado por los interesados, y una vez que la sentencia sobre nulidad cause ejecutoria, los hijos menores de catorce años, quedaran bajo la patria potestad de ambos cónyuges y al cuidado de la madre, o en su caso, del cónyuge que determine el juez, salvo que alguno de ellos se dedicare a la prostitución, al lenocinio, usare indebida y persistentemente las substancias a que se refiere la fracción VII del artículo 69 de este código, tuviere alguna enfermedad contagiosa, o por su conducta ofreciere peligro grave para la salud o la moralidad de sus hijos, en cuyo caso el cónyuge responsable perderá el derecho que le otorga este precepto.

Los hijos mayores de 14 años, permanecerán con cualquiera de los padres a su elección, salvo que el elegido se encuentre en alguno de los supuestos invocados en la parte final del párrafo anterior

Artículo 194.- El divorcio, en el caso de la fracción II del artículo 187 de este código, procede:
…
V.- Por los actos ejecutados por cualquiera de los cónyuges con el fin de corromper a los hijos, así como por la tolerancia manifiesta en su corrupción, ya se trate de hijo de ambos, ya sea de uno solo de ellos.

Artículo 201.- Cualquiera de los padres, aunque pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todas las obligaciones que tienen para con sus hijos.

Artículo 218.- El parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio, entre los cónyuges y sus respectivos parientes.

Artículo 229.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos que sean de ambos cónyuges; en defecto de estos, en los que fueran de uno de ellos (se cancela padre o madre) solamente

Artículo 246.- El cónyuge que, sin culpa suya, se vea obligado a vivir separado del otro, podrá pedir al juez de primera instancia del lugar de su residencia, que obligue a su consorte a darle alimentos durante la separación y a que le suministre todos los que haya dejado de darle desde que lo abandono. El juez, según las circunstancias del caso, fijara la suma que el cónyuge responsable debe suministrar mensualmente dictando las medidas necesarias para que dicha cantidad sea debidamente asegurada y para que pague los gastos que el otro cónyuge haya tenido que erogar con tal motivo.

Artículo 247.- Se deroga.

Artículo 283. El marido podrá reconocer a un hijo habido antes de su matrimonio o durante éste, pero no tendrá derecho a llevarlo a vivir a la casa conyugal, sin el consentimiento de su cónyuge

Artículo 284. La mujer casada podrá reconocer a un hijo habido antes de su matrimonio, pero no tendrá derecho de llevarlo a vivir a la casa conyugal, sin el consentimiento expreso de su cónyuge

Artículo 327.- La patria potestad corresponde:

I.- A los padres, conjunta o separadamente. En caso de desacuerdo será otorgada a una de las partes por sentencia judicial.

II.- A los abuelos paternos y maternos, conjunta o separadamente y en caso de oposición de intereses por sentencia judicial a favor de una de las partes

Artículo 375.- El cónyuge que ejerce la tutela de un hijo, sujeto a interdicción por incapacidad intelectual, puede nombrarle tutor testamentario si su consorte ha fallecido o no puede legalmente ejercer la tutela. (se suprime La madre, en su caso, tendrá el mismo derecho).

En ningún otro caso ha lugar a la tutela testamentaria del incapacitado.

Artículo 384.- Los Cónyuges son tutores legítimos y forzosos el uno del otro

Artículo 2226. Por razón de delito son incapaces para adquirir por testamento o intestado:
I…
IV.- Los padres respecto del hijo abandonado por ellos.
…
VII Los padres respecto de sus hijos nacidos fuera del matrimonio y de los descendientes de éstos, si no han reconocido a aquéllos o los reconocieren después de muerto el autor de la herencia.
…

Artículo 2290. Si el testador instituye a sus hermanos y los tiene sólo de padre, sólo de madre, y de ambos padres, se dividirá la herencia como en el caso de intestado

Artículo 2476. En la línea transversal tendrá lugar el derecho de representación a favor de los hijos de los hermanos, ya lo sean de ambos padres, ya por una sola línea.

Artículo 2491. A falta de descendientes y cónyuge sucederán los padres por partes iguales.

Artículo 2492. Si sólo hubiera uno de los padres, el que viva sucederá al hijo en toda la herencia

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 41 del Código del Registro Civil del estado de Yucatán, para quedar como sigue:

Artículo 41. Para la adopción a que se refieren los artículos 322 y 323 del código civil, se presentaran ante el oficial del registro civil, el adoptante o los cónyuges que pretendan adoptar conjuntamente, el que vaya a ser adoptado y la persona que de acuerdo con el articulo 329 del citado código civil, deba dar su consentimiento para la adopción y expresarán su propósito de realizar el acto.

Ley de Sociedades de Convivencia (D.F.)

2009-01-18T15:06:00.000-08:00

LEY DE SOCIEDAD DE CONVIVENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL
Gaceta Oficial del Distrito Federal 16 de noviembre de 2006

Definición legal
Artículo 2.- La Sociedad de Convivencia es un acto jurídico bilateral que se constituye, cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua.

Obligatoriedad y efectos contra terceros
Artículo 3.- La Sociedad de Convivencia obliga a las o los convivientes, en razón de la voluntad de permanencia, ayuda mutua y establecimiento del hogar común; la cual surte efectos frente a terceros cuando la Sociedad es registrada ante la Dirección General Jurídica y de Gobierno del Órgano Político-Administrativo correspondiente.

Impedimentos para celebrar contrato de sociedad de convivencia.
Artículo 4.- No podrán constituir Sociedad de Convivencia, las personas unidas en matrimonio, concubinato y aquéllas que mantengan vigente otra Sociedad de Convivencia.
Tampoco podrán celebrar entre sí Sociedad de Convivencia, los parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado o colaterales hasta el cuarto grado.

Equiparación al concubinato.
Artículo 5.- Para los efectos de los demás ordenamientos jurídicos, la Sociedad de Convivencia se regirá, en lo que fuere aplicable, en los términos del concubinato y las relaciones jurídicas que se derivan de este último, se producirán entre los convivientes.

Deber de proporcionarse pensión alimenticia
Artículo 13.- En virtud de la Sociedad de Convivencia se generará el deber recíproco de proporcionarse alimentos, a partir de la suscripción de ésta, aplicándose al efecto lo relativo a las reglas de alimentos.

Derechos sucesorios entre convivientes.
Artículo 14.- Entre los convivientes se generarán derechos sucesorios, los cuales estarán vigentes a partir del registro de la Sociedad de Convivencia, aplicándose al efecto lo relativo a la sucesión legítima entre concubinos.

Tutela en caso de interdicción.
Artículo 15.- Cuando uno de las o los convivientes sea declarado en estado de interdicción, en términos de lo previsto por el Código Civil para el Distrito Federal, la o el otro conviviente será llamado a desempeñar la tutela, siempre que hayan vivido juntas o juntos por un período inmediato anterior a dos años a partir de que la Sociedad de Convivencia se haya constituido, aplicándose al efecto las reglas en materia de tutela legítima entre cónyuges o sin que mediare este tiempo, cuando no exista quien pueda desempeñar legalmente dicha tutela.

Relaciones patrimoniales
Artículo 18.- Las relaciones patrimoniales que surjan entre las o los convivientes, se regirán en los términos que para el acto señalen las leyes correspondientes

Causas de terminación de la sociedad de convivencia.
Artículo 20.- La Sociedad de Convivencia termina:
I.- Por la voluntad de ambos o de cualquiera de las o los convivientes.
II.- Por el abandono del hogar común de uno de las o los convivientes por más de tres meses, sin que haya causa justificada.
III.- Porque alguno de las o los convivientes contraiga matrimonio o establezca una relación de concubinato.
IV.- Porque alguno de las o los convivientes haya actuado dolosamente al suscribir la Sociedad de Convivencia.
V.- Por la defunción de alguno de las o los convivientes.

Derecho a pensión alimenticia por tiempo limitado al término de la sociedad.
Artículo 21.- En el caso de terminación de la Sociedad de Convivencia, el conviviente que carezca de ingresos y bienes suficientes para su sostenimiento, tendrá derecho a una pensión alimenticia sólo por la mitad del tiempo al que haya durado la Sociedad de Convivencia, siempre que no viva en concubinato, contraiga matrimonio o suscriba otra Sociedad de Convivencia. Este derecho podrá ejercitarse sólo durante el año siguiente a la terminación de dicha sociedad.

Disposiciones respecto del hogar común.
Artículo 22.- Si al término de la Sociedad de Convivencia el hogar común se encontraba ubicado en un inmueble cuyo titular de los derechos sea uno solo de las o los convivientes, el otro deberá desocuparlo en un término no mayor a tres meses.
Dicho término no aplicará en el caso de que medien situaciones que pongan en riesgo la integridad física o mental del titular. En este caso, la desocupación deberá realizarse de manera inmediata.
Artículo 23.- Cuando fallezca un conviviente, y éste haya sido titular del contrato de arrendamiento del inmueble en el que se encuentra establecido el hogar común, el sobreviviente quedará subrogado en los derechos y obligaciones de dicho contrato.

Formalidad para la terminación de la sociedad de convivencia.
Artículo 24.- En caso de terminación de una Sociedad de Convivencia, cualquiera de sus convivientes deberá dar aviso por escrito de este hecho a la autoridad registradora del Órgano Político Administrativo del hogar en común, la que deberá hacer del conocimiento de dicha terminación al Archivo General de Notarias. La misma autoridad deberá notificar de esto al otro conviviente en un plazo no mayor de 20 días hábiles, excepto cuando la terminación se dé por la muerte de alguno de las o los convivientes en cuyo caso deberá exhibirse el acta de defunción correspondiente, ante la autoridad registradora.
En caso de que la terminación de la Sociedad sea por la ausencia de uno de las o los convivientes, la autoridad procederá a notificar por estrados